En las últimas semanas hemos visto como los precios del mercado eléctrico se han reducido significativamente, llegando a ser negativos en algunos casos, produciéndose una caída de los precios capturados por las plantas eólicas y fotovoltaicas, así como un aumento de los vertidos de energía.

Aunque esta situación ha estado asociada a un incremento de la oferta renovable (debido a una mayor pluviosidad y más viento, principalmente), así como a los bajos precios del gas, no cabe duda de que la demanda también ha jugado un papel relevante.

En este contexto, que no sólo se ha producido en nuestro país, destacaría las medidas y objetivos que la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, recientemente aprobada, ha incluido al respecto.

Por un lado, la necesidad de promover la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento y eliminar el carácter de último recurso de los mecanismos de capacidad, configurándose como elementos esenciales para asegurar la firmeza de los sistemas eléctricos, en un entorno de cada vez mayor integración de renovables intermitentes.

Por otro lado, el reconocimiento del papel esencial que deben asumir las redes, requiriendo a las autoridades reguladoras que promuevan “la aceptación pública y el uso de inversión anticipatoria, fomentando la aceleración del desarrollo de la red para hacer frente al despliegue acelerado de la generación de energía renovable, también, en su caso, en zonas designadas de aceleración de la energía renovable y la demanda electrificada inteligente”.

Por último, el incentivo a la contratación a plazo de los consumidores, destacando el papel de los acuerdos de compra de energía a plazo (Power Purchase Agreements o PPAs), alentando a los estados miembros a tomar medidas al respecto.

Por ello, teniendo en cuenta este nuevo entorno, sería necesario poner en marcha algunas medidas en nuestro país, destacando las siguientes.

En primer lugar, la aprobación de los mercados de capacidad en España, algo sobre lo que la administración ya está trabajando y que permitirá el despliegue del almacenamiento. Su aprobación se requiere cuanto antes para poder cumplir los objetivos previstos en el PNIEC para 2030: alcanzar los 22GW de almacenamiento.

En segundo lugar, permitir inversiones anticipadas en la red, para que no se produzcan congestiones y que toda la nueva demanda que desea conectarse pueda hacerlo sin problemas (procesos de descarbonización industrial, centros de datos, electrolizadores para producir hidrógeno verde, etc).  De este modo, es preciso contar con una planificación más ágil de las redes (tanto de transporte como de distribución) que se anticipe a las necesidades de electrificación, de despliegue de infraestructuras de recarga y de descarbonización industrial, especialmente en aquellas zonas donde ya se prevé que se produzcan esas nuevas necesidades. Sería una pena que por falta de capacidad en las redes nuestro país dejase de recibir nuevas inversiones industriales extranjeras, que se verían atraídas por nuestra ventaja competitiva en precios eléctricos o de hidrógeno verde dada la abundancia de fuentes renovables.

En tercer lugar, promover la electrificación en los diferentes ámbitos en los que tiene racionalidad económica: no sólo en el ámbito del transporte, sino también en el ámbito residencial e industrial. En este sentido, no debería descartarse la introducción de ventajas fiscales y la reducción de barreras para estimular la descarbonización de las empresas, así como transponer cuanto antes la Directiva 2023/959 por la que se modifica el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para lo que ya se cuenta con un anteproyecto de ley aprobado en febrero por el gobierno.

Por último, ampliar las medidas de apoyo público a los PPAs privados, en línea con lo que ya está haciendo la Compañía Española de Crédito a la Exportación -CESCE-, mediante la concesión de avales para reducir el riesgo de contrapartida, con el fin de facilitar a las empresas la firma de este tipo de contratación a medio plazo, permitiéndoles asegurar un aprovisionamiento de electricidad estable y a precios competitivos.

En definitiva, nos encontramos en un momento muy complejo de los sistemas eléctricos europeos y de nuestro propio mercado. Por ello, teniendo en cuenta nuestra ventaja competitiva en fuentes renovables, la puesta en marcha de las medidas anteriores será esencial para que no se nos escape la gran oportunidad de atraer nueva industria y promover la actividad económica y las cadenas de valor territoriales.