El desarrollo del sector eólico en España está trayendo grandes avances, pero también algunas barreras que seguir superando. En este aspecto, el sector eólico español alertó de la situación en Galicia debido a la sucesión de paralizaciones de proyectos eólicos e instó a las instituciones a encontrar una solución urgente al bloqueo estructural actual.

Como informaron desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el sector reconoce que se está generando inseguridad jurídica para acometer inversiones en nuevos proyectos eólicos lo que, consideran, puede acarrear consecuencias socio económicas muy graves para el desarrollo de las energías renovables en Galicia. Además, señalaron que los proyectos que están siendo paralizados cuentan ya con la aprobación ambiental y la autorización de construcción por parte de los órganos técnicos competentes por parte de la Xunta de Galicia.

A pesar de ello, en los últimos meses, se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos. Como apuntaron desde la AEE, con la interpretación de los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, se pone en peligro el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia. Con esta inédita interpretación judicial, también se pone en tela de juicio el proceso que se ha venido llevando a cabo durante más de 10 años, en la fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o de infraestructuras públicas en nuestro país y en Europa.

Cabe recordar que, actualmente, Galicia cuenta con más de 3.800 MW eólicos instalados en las distintas provincias. Es la cuarta comunidad autónoma por potencia instalada en España y cubre un 54% de la demanda eléctrica con energía eólica. Galicia ha destacado a lo largo de los últimos 20 años por un desarrollo eólico ejemplar, ordenado y sostenible.

AEE

Proceso de las autorizaciones y efectos de su paralización

El proceso de análisis ambiental de los proyectos renovables en España es garantista, pudiendo llegar a transcurrir – dependiendo de la complejidad del proyecto y de la comunidad autónoma– más de 900 días desde la aportación de los primeros estudios iniciales hasta la obtención o denegación final de la Autorización ambiental por parte del órgano competente.

El proceso de consulta pública lo inicia el órgano de la Administración responsable de la tramitación. Tal y como establece la ley, el proceso se inicia para recabar, a la vez, información por parte de otros órganos que pueden tener que emitir informes técnicos al respecto, y alegaciones o comentarios por parte de cualquier organización o persona que quiera contribuir en el proceso de consulta pública. Una vez cumplido el plazo para recibir comentarios, alegaciones o informes, el órgano responsable analiza la documentación y procede a aprobar o no el proyecto, requiriendo o no modificaciones al mismo, e incluso exigiendo medidas compensatorias o preventivas al promotor en su desarrollo, sin las cuales el proyecto no se puede construir.

Algunos colectivos afirman que, para que la ciudadanía pueda emitir su valoración sobre el proyecto en la fase de consulta pública, ésta debe disponer antes de todos y cada uno de los informes técnicos, muchos de ellos muy especializados y sobre disciplinas que requieren de un conocimiento técnico profundo de la materia. Para el sector, esto constituye una táctica, que tiene como fin dilatar el proceso. Los proyectos que están siendo paralizados ya han obtenido la aprobación ambiental por parte del órgano competente, que ha tenido a su disposición todos los informes técnicos para su toma de decisión.

Como informaron desde la patronal eólica, según los estudios realizados en el sector en base a la experiencia contrastada de años de desarrollo eólico en España, el retraso de un año en la tramitación de un parque eólico de 50 MW en Galicia tiene un coste para la economía gallega y española de 77,1 millones de euros, con los siguientes impactos: 450 empleos que se dejan de generar, se retrasa su creación o se pueden llegar a perder en la cadena de valor; 55 millones en pérdidas de encargos de fabricación; mayor coste para las familias; y menores ingresos fiscales para los ayuntamientos, los propietarios de los terrenos y la Administración pública gallega, entre otros problemas.

Opinión de la sociedad gallega

Según la encuesta realizada por la plataforma Vientos de Futuro (2022), los gallegos son los más convencidos de la aportación en empleo que supone la energía eólica para el país. Algunos de los resultados más destacados de la encuesta en Galicia son los siguientes:

- El 89% está de acuerdo con que la lucha del cambio climático pasa porque los gobiernos reduzcan las energías contaminantes y apuesten por renovables.

- El 83% apoya el desarrollo de la industria eólica como medida para avanzar en energías renovables en su entorno.

- El 64% afirma que autorizar la creación de nuevos parques eólicos garantiza la protección de ecosistemas y medioambiente.

- El 99% de los gallegos considera que la eólica es compatible con otras actividades como ganadería o agricultura.