La Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) ha solicitado al Gobierno de Perú y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que modifiquen el proyecto de Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los Usuarios Regulados antes de su aprobación definitiva. La organización reclama que las licitaciones eléctricas de largo plazo se reserven para nuevas centrales de generación, con el objetivo de facilitar la financiación y construcción de proyectos y ampliar la capacidad de suministro del país.

En un comunicado, la asociación sostiene que las centrales existentes podrían competir en condiciones ventajosas frente a nuevos desarrollos, debido a que sus activos pueden estar amortizados y no necesitan recuperar la inversión inicial de una planta todavía por construir. Según la SPR, esta diferencia podría dificultar que los nuevos proyectos consigan contratos de largo plazo que permitan respaldar su financiación.

La organización considera que el reglamento debe establecer condiciones de competencia que permitan participar a las distintas tecnologías e inversionistas interesados en desarrollar nuevas instalaciones de generación.

Un reglamento para aplicar la Ley 32249

La controversia se enmarca en la implementación de la Ley n.º 32249, publicada el 19 de enero de 2025, que modificó la Ley n.º 28832 para garantizar un suministro eléctrico seguro, confiable y eficiente y promover la diversificación de la matriz energética.

La reforma introdujo cambios en las reglas de contratación de electricidad y en los mecanismos de licitación para abastecer a los usuarios regulados. Entre sus objetivos figura promover nuevas inversiones en generación, fomentar la competencia y asegurar el suministro a largo plazo.

El MINEM publicó el proyecto de reglamento en abril de 2025 mediante la Resolución Ministerial n.º 127-2025-MINEM/DM y abrió un periodo de consulta pública para recibir observaciones de entidades y agentes del sector. La propuesta busca desarrollar los procedimientos de licitación y contratación de electricidad para el mercado regulado.

En octubre de 2026, el expediente de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante del proyecto fue publicado tras avanzar en su evaluación de calidad regulatoria. El proceso normativo busca concretar cómo se organizarán las licitaciones, los contratos entre generadores y distribuidoras y la planificación de las compras de electricidad.

La financiación de nuevos proyectos, en el centro del debate

La SPR sostiene que los contratos de largo plazo son relevantes para la viabilidad financiera de las nuevas centrales, ya que pueden ofrecer visibilidad sobre los ingresos futuros y facilitar el acceso a financiación. Por ello, pide que el diseño de las licitaciones permita competir a proyectos que todavía necesitan construirse, sin que queden desplazados por instalaciones ya operativas.

La asociación también advierte de que una menor entrada de nueva generación podría aumentar la dependencia de centrales que utilizan diésel, con posibles efectos sobre los costes de abastecimiento. Esta advertencia forma parte de su posicionamiento y no implica que el proyecto vaya a provocar necesariamente ese resultado.

La discusión enfrenta dos cuestiones regulatorias: garantizar que las distribuidoras puedan contratar electricidad en condiciones competitivas y establecer mecanismos que favorezcan la incorporación de nueva capacidad de generación.

La SPR considera que reservar las licitaciones de largo plazo para nuevas centrales contribuiría a cumplir el objetivo de la Ley 32249 de promover inversiones y diversificar la matriz eléctrica. Por ello, solicita revisar el proyecto antes de su publicación definitiva y asegurar que las reglas de contratación faciliten el desarrollo de nuevas instalaciones.