El MITECO ha lanzado cuatro consultas públicas previas para desarrollar nueva regulación destinada a acelerar el despliegue de energías renovables en España y reforzar su impacto social y territorial, en el marco del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado dentro del Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio.

Según ha informado el Ministerio, el objetivo de esta iniciativa es avanzar en la implantación de instalaciones renovables consideradas “excelentes”, aumentar la velocidad de la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, al tiempo que se incrementan los beneficios para la sociedad, especialmente en las comunidades próximas a las plantas de generación.

El Real Decreto-ley 7/2026 transpone la Directiva europea 2023/2413 (DER III) y regula las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), áreas consideradas especialmente adecuadas para el desarrollo de proyectos renovables y sus infraestructuras asociadas por su menor impacto ambiental. Estas zonas priorizarán suelos industriales y urbanizados, así como terrenos ya degradados, como vertederos, minas o canteras.

El desarrollo de estas zonas requerirá un Real Decreto específico que establecerá los criterios y plazos para su designación por parte de las comunidades autónomas, además de un catálogo estatal de medidas de mitigación obligatorias. También definirá el efecto de las ZAR en los procedimientos de evaluación ambiental y en la tramitación simplificada de proyectos, entre otros aspectos vinculados a los objetivos energéticos y climáticos.

En paralelo, el RDL 7/2026 introduce la obligación de que las grandes instalaciones renovables aporten beneficios adicionales a los territorios donde se ubiquen, más allá de las obligaciones fiscales. Una de las consultas públicas abiertas servirá para concretar qué se entiende por retorno de beneficios, cómo se delimita el ámbito territorial afectado y qué mecanismos se utilizarán para medir, acreditar y verificar esos impactos, además de los requisitos de participación ciudadana.

Otra de las consultas se centra en la creación de un estándar de excelencia social y territorial para proyectos de renovables, almacenamiento y redes. Este estándar, de carácter voluntario, reconocerá a los proyectos con mayor implicación social, impacto económico positivo y calidad ambiental en su diseño y operación. Su cumplimiento podrá otorgar ventajas en el acceso a permisos, participación en subastas del régimen económico de renovables o la consideración como proyecto estratégico.

El Ministerio plantea, entre otros aspectos, los criterios mínimos necesarios para acceder a este estándar, incluyendo creación de empleo, actividad económica, participación ciudadana o lucha contra la pobreza energética, así como los mecanismos de verificación y el procedimiento de acreditación.

La cuarta consulta pública está centrada en el biometano, una tecnología que, según el Ministerio, podría sustituir más del 10% de las importaciones de gas fósil. En este caso, el RDL 7/2026 prevé la definición de objetivos obligatorios de uso en sectores distintos del transporte, junto con la creación de un sello de excelencia social, territorial y ambiental. La consulta aborda los criterios para obtener este sello, así como los sistemas de seguimiento, renovación y control.

Las cuatro consultas públicas permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de mayo y estarán disponibles para la participación de agentes interesados.