El Gobierno de España ha sometido a audiencia pública un proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. La propuesta exige que estas instalaciones cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable y que dicha cobertura se produzca hora a hora, con el objetivo de acompasar el crecimiento de la demanda digital con la transición energética.

El proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estará abierto a audiencia e información pública hasta el próximo 4 de septiembre. La iniciativa busca establecer un marco específico para el despliegue de centros de datos ante el fuerte incremento de las solicitudes de acceso a las redes eléctricas en España.

Además de la obligación de acreditar la cobertura de al menos el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos mediante generación renovable, las instalaciones deberán cumplir criterios de adicionalidad y correlación horaria, de modo que la electricidad renovable asociada no se limite a garantías de origen o a un balance anual de consumo y generación.

En otras palabras, la propuesta busca que la nueva demanda eléctrica de los centros de datos vaya acompañada de nueva capacidad renovable capaz de cubrir su perfil de consumo hora a hora.

Más de 12 GW de capacidad de acceso

La propuesta llega en un contexto de fuerte crecimiento del interés por instalar centros de datos en España. Según el Gobierno, desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, el gestor de la red de transporte ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a este tipo de instalaciones, mientras que las redes de distribución han otorgado alrededor de otros 6 GW desde 2020.

En conjunto, los permisos concedidos superan las previsiones de demanda asociadas a los centros de datos para los próximos años. La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 contempla alcanzar 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica.

El Gobierno considera que atender las solicitudes identificadas podría requerir una parte significativa de las inversiones previstas en la planificación de la red de transporte para los refuerzos necesarios para estas infraestructuras.

Por ello, el proyecto plantea ordenar su despliegue y priorizar aquellos centros de datos que maximicen su contribución económica y social y sean compatibles con los objetivos de sostenibilidad energética y medioambiental.

Centros de datos y presión sobre el sistema eléctrico

El Ejecutivo señala que el consumo eléctrico de los centros de datos es esencialmente plano y que estas instalaciones no disponen automáticamente de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un sistema eléctrico con una creciente participación de energías renovables.

Además, una parte importante de esta demanda es adicional, ya que no sustituye necesariamente a otros vectores energéticos responsables de emisiones. Su crecimiento puede, por tanto, aumentar las necesidades de generación y firmeza del sistema.

En este contexto, el Gobierno advierte de que una mayor demanda de electricidad podría traducirse en un incremento del uso del gas natural como tecnología marginal en el mercado eléctrico español y europeo, con el consiguiente impacto sobre los precios.

La nueva regulación pretende evitar que los centros de datos compitan por la capacidad renovable disponible con otros sectores que también necesitan electrificarse. Al mismo tiempo, el Ejecutivo considera que una demanda firme asociada a estas instalaciones puede contribuir a impulsar la construcción de nueva generación renovable.

Eficiencia energética e hídrica

El proyecto de Real Decreto también establece requisitos de eficiencia para los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

Las instalaciones deberán alcanzar la clase A tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica, utilizando los indicadores PUE —Power Usage Effectiveness— y WUE —Water Usage Effectiveness—.

Hasta que entre en aplicación el sistema europeo de etiquetado previsto para agosto de 2027, la propuesta establece un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1.

Los centros también deberán indicar en qué medida cumplen las mejores prácticas recogidas en el código europeo de conducta sobre eficiencia energética de los centros de datos.

Soberanía digital y control de los datos

La propuesta incorpora asimismo requisitos destinados a reforzar la soberanía digital de España y de la Unión Europea.

Los operadores de los centros de datos deberán estar establecidos en la UE y garantizar que determinados datos operativos bajo su control permanezcan dentro del territorio comunitario. También deberán establecer mecanismos de control y trazabilidad sobre el soporte prestado desde terceros países y supervisar a sus subcontratistas directos.

En el caso de los centros que alojen sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, los datos bajo control de las administraciones públicas —incluidos metadatos, registros, réplicas y copias de seguridad— deberán tratarse, almacenarse y transferirse exclusivamente dentro de la Unión Europea.

Recargos y pérdida de los permisos de acceso

El proyecto contempla además consecuencias para los centros de datos que incumplan los requisitos establecidos.

La propuesta establece un régimen de recargos sobre los cargos y peajes del sistema eléctrico en función del tipo de incumplimiento y de su reiteración. En los casos de incumplimiento significativo y reiterado, los centros podrían perder sus permisos de acceso y conexión a la red.

Con este mecanismo, el Gobierno busca evitar que los costes asociados a la integración de estas nuevas demandas eléctricas se trasladen al conjunto de los consumidores.

Las obligaciones principales del proyecto se aplicarían a los centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW, mientras que los requisitos de comunicación y publicación de información se establecerían para instalaciones con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kW.

El proyecto de Real Decreto se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública y el plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre de 2026.