El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la tramitación de un nuevo concurso de potencia firme para los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con una capacidad total de 820,5 MW, al tiempo que ha abierto a información pública un proyecto de Real Decreto que crea el primer marco regulatorio específico para el almacenamiento de electricidad en los territorios no peninsulares y modifica el sistema de retribución de las energías renovables.

El procedimiento competitivo busca garantizar la cobertura de la demanda eléctrica prevista para 2031 y supone el segundo concurso de estas características tras la adjudicación de más de 1.450 MW realizada el pasado mes de febrero. Según el análisis prospectivo elaborado por Red Eléctrica, las necesidades adicionales de potencia se concentran principalmente en Canarias, impulsadas por el crecimiento esperado de la demanda y la evolución del sistema eléctrico.

Del total previsto, 320 MW corresponden a Gran Canaria, 230,5 MW a Tenerife-La Gomera, 95 MW a Lanzarote-Fuerteventura, 80 MW a Baleares, 52 MW a La Palma, 32 MW a Melilla, 10 MW a El Hierro y 1 MW a Ceuta. Al igual que en la primera convocatoria, podrán participar nuevos grupos de generación gestionable, inversiones sobre instalaciones existentes y proyectos de extensión de la vida útil regulatoria de grupos ya operativos.

La selección de los proyectos se realizará con criterios técnicos, económicos y ambientales, entre ellos el ahorro de costes para el sistema, un límite máximo de emisiones de 550 gCO?/kWh, la capacidad de autoenergización y la ubicación de las instalaciones. Además, en Canarias se favorecerá la renovación del parque de generación mediante la penalización de los grupos que superen los 40 años de antigüedad en 2031 y se exigirá que las nuevas instalaciones puedan utilizar al menos un 5 % de combustible de origen renovable, siempre que exista disponibilidad. El plazo para presentar alegaciones al concurso permanecerá abierto hasta el 5 de agosto.

Primer marco regulatorio para el almacenamiento

Junto al concurso, el MITECO ha sometido a audiencia pública un proyecto de Real Decreto que incorpora por primera vez el almacenamiento eléctrico al marco regulatorio de los sistemas no peninsulares. La norma crea categorías específicas para las instalaciones de almacenamiento independientes (stand-alone) y para las baterías hibridadas con plantas de generación, definiendo su régimen administrativo, económico y de despacho en el sistema eléctrico.

La reforma introduce un mecanismo de mercado para que las baterías independientes puedan participar en el despacho ofertando su propio precio y competir directamente con la generación convencional. En paralelo, las baterías hibridadas con instalaciones fotovoltaicas y eólicas recibirán una señal económica basada en el denominado factor de hueco térmico, que incentivará la descarga de la energía almacenada en los momentos en que sea necesario sustituir generación con combustibles fósiles.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, calificó esta reforma como una "pequeña revolución" para los sistemas eléctricos insulares, al considerar que permitirá que el almacenamiento compita mediante mecanismos de mercado con la generación fósil, ofreciendo energía a precios más competitivos y contribuyendo a reducir las emisiones, los costes del sistema y la dependencia energética exterior.

Cambios en la retribución de las renovables

El proyecto de Real Decreto también modifica el sistema de retribución de las instalaciones renovables en los territorios no peninsulares. En lugar de percibir el precio diario del mercado eléctrico peninsular, las plantas pasarán a recibir el precio medio del mercado diario peninsular del último año móvil, con el objetivo de reducir el impacto de los episodios de precios cero o negativos registrados en la península y ofrecer una mayor estabilidad en los ingresos de los productores.

Según explicó Groizard, esta modificación evitará que la generación renovable en las islas quede penalizada por los bajos precios registrados en el mercado peninsular, pese a que esa producción contribuye a desplazar generación fósil en los sistemas insulares.

El proyecto de Real Decreto permanecerá en información pública hasta el 4 de septiembre, periodo durante el cual los interesados podrán presentar alegaciones a la propuesta.