La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado una nueva revisión de las políticas energéticas de España, en la que analiza los avances del país en materia de transición energética, seguridad de suministro y competitividad, así como los desafíos pendientes. El informe destaca que el crecimiento de las energías renovables está reforzando la seguridad energética y la competitividad española, pero advierte de que acelerar la electrificación, modernizar las redes eléctricas y aumentar la flexibilidad del sistema será fundamental para extender estos beneficios al conjunto de la economía.

Según el análisis, España ha más que duplicado su capacidad de generación eléctrica renovable entre 2015 y 2025, hasta alcanzar aproximadamente 119 GW. Durante ese periodo, la intensidad energética mejoró una media del 2,4 % anual y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron alrededor de un 20 % entre 2015 y 2024.

La expansión renovable también ha contribuido a reducir la dependencia energética exterior. Aunque España todavía importaba cerca del 70 % de su consumo energético total en 2024, la participación de las renovables en la generación eléctrica pasó del 35 % en 2015 al 56 % en 2025. Si se consideran todas las fuentes de bajas emisiones, su contribución alcanzó aproximadamente el 75 % de la generación.

La AIE estima que, sin la capacidad renovable adicional instalada entre 2011 y 2024, las importaciones españolas de gas natural habrían sido casi un 40 % superiores en 2024. Además, el crecimiento de la energía eólica y solar permitió evitar unos 26.000 millones de dólares en costes acumulados de importación de gas durante ese periodo. Según el organismo, una mayor disponibilidad de electricidad renovable de producción nacional también ha reducido la exposición del país a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles y ha contribuido a disminuir los precios mayoristas de la electricidad.

Los desafíos para completar la transición energética

Pese a estos avances, el organismo considera que España debe trasladar la transformación del sector eléctrico al resto de la economía. Uno de los principales retos es la electrificación del transporte, los edificios y la industria. En el transporte, las emisiones aumentaron casi un 8 % entre 2015 y 2024, mientras que en los edificios sigue estando muy extendida la calefacción basada en combustibles fósiles. En la industria, la electrificación y el uso de calor renovable y combustibles bajos en carbono ofrecen oportunidades de descarbonización, aunque las inversiones se ven limitadas por los elevados costes iniciales y la incertidumbre sobre la demanda y las infraestructuras futuras.

La AIE también señala que la elevada penetración solar plantea nuevos desafíos para el sistema eléctrico. La fotovoltaica representa aproximadamente el 50 % de la capacidad renovable instalada en España y concentró más del 90 % de las nuevas incorporaciones de capacidad renovable en 2025. Aunque el organismo reconoce el rápido desarrollo de esta tecnología, advierte de que una cartera demasiado dependiente de la generación solar puede aumentar los vertidos de energía, reducir los precios de captura y debilitar las señales de inversión. Por ello, considera necesario impulsar una mayor participación de la energía eólica.

A estos desafíos se suman la necesidad de ampliar el almacenamiento, reforzar las interconexiones eléctricas y mejorar la estabilidad de la red. El apagón de abril de 2025 también pone de manifiesto la importancia de fortalecer la resiliencia del sistema y adaptar su operación a una mayor presencia de generación renovable variable.

Diez recomendaciones políticas para España

Para afrontar estos retos, la AIE plantea diez recomendaciones destinadas a mejorar la implementación de la transición energética y aprovechar mejor el potencial de las energías limpias:

1. Reforzar la coordinación y supervisión de las políticas energéticas. Mejorar el seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), establecer revisiones periódicas del progreso y reforzar la cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los reguladores y las autoridades locales para evitar retrasos en la ejecución.

2. Acelerar la electrificación de la industria y los hogares. Reducir los impuestos y gravámenes que encarecen la electricidad frente a los combustibles fósiles para mejorar la competitividad de las soluciones eléctricas y estimular su adopción. También recomienda agilizar la ejecución de los proyectos de refuerzo de la red y mejorar los procedimientos de acceso y conexión.

3. Impulsar la electrificación del transporte. Reforzar las infraestructuras de recarga, mejorar los incentivos para los vehículos eléctricos y prestar mayor atención al transporte pesado, las flotas comerciales y la recarga en el lugar de trabajo. También propone fomentar el transporte público y el ferrocarril como alternativas al vehículo privado y a los vuelos nacionales de corta distancia cuando existan conexiones ferroviarias competitivas.

4. Acelerar la rehabilitación energética de los edificios. Favorecer la instalación de bombas de calor y otras soluciones de bajas emisiones, reducir la dependencia de las calderas de combustibles fósiles y ampliar los programas de rehabilitación, especialmente para los hogares vulnerables.

5. Reforzar la formación profesional y los recursos administrativos. Ampliar la capacitación de trabajadores en sectores como las renovables, la construcción, la eficiencia energética y la electrificación, además de dotar a las administraciones de personal suficiente para agilizar los permisos y las evaluaciones de proyectos.

6. Integrar la planificación de las infraestructuras energéticas. Coordinar el desarrollo de las redes eléctricas, el gas natural, el hidrógeno y otros gases renovables para adaptar las inversiones a la evolución de la demanda y evitar infraestructuras innecesarias o riesgos para la seguridad del suministro.

7. Evaluar la posible ampliación de la vida útil de las centrales nucleares existentes. Considerar las solicitudes de extensión de los reactores caso por caso, teniendo en cuenta las evaluaciones de seguridad, la seguridad del suministro y los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo.

8. Diversificar la cartera renovable con más energía eólica, proyectos híbridos y almacenamiento. La AIE recomienda dar mayor peso a estas tecnologías en las futuras subastas y en la planificación de la capacidad de red. También plantea estudiar subastas específicas para contratos por diferencia (CfD) destinados a proyectos híbridos que combinen energía eólica, solar y baterías. Asimismo, pide simplificar los permisos y reforzar la participación y los beneficios para las comunidades locales.

9. Aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico. Acelerar el despliegue de baterías a escala de red y residenciales, impulsar la respuesta de la demanda y reforzar las interconexiones con otros mercados europeos. También propone mejorar las tarifas de red y los mecanismos de precios dinámicos para incentivar un consumo eléctrico más flexible.

10. Fortalecer la seguridad y resiliencia de la red eléctrica. Mejorar la coordinación entre los operadores, generadores y participantes del mercado, actualizar los requisitos técnicos de conexión y reforzar las inversiones en tecnologías de estabilidad, como los condensadores síncronos y la electrónica de potencia avanzada.

La diversificación y la flexibilidad, prioridades para la siguiente fase

En conjunto, la AIE considera que España parte de una posición sólida gracias al crecimiento de su capacidad renovable y al marco regulatorio desarrollado durante los últimos años. Sin embargo, advierte de que mantener el ritmo de expansión exigirá una planificación más coordinada, una red capaz de integrar nueva generación y una cartera renovable más equilibrada, con mayor presencia de energía eólica y almacenamiento.

El organismo también subraya que los procedimientos complejos de autorización y los problemas de aceptación social pueden ralentizar el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente los eólicos. Por ello, considera fundamental simplificar los permisos, reforzar la participación de las comunidades y garantizar que los beneficios de las instalaciones renovables también lleguen a los territorios donde se desarrollan.

La conclusión principal del informe es que el siguiente paso de España no consiste únicamente en instalar más capacidad renovable, sino en conseguir que esa electricidad se utilice de forma eficiente en toda la economía, con redes modernas, mayor flexibilidad y nuevas fuentes de demanda eléctrica.