La Comisión Europea ha presentado hoy su nuevo marco de ayudas estatales, el CISAF, con el objetivo de apoyar la transición industrial limpia y acelerar la descarbonización de la economía europea. Sin embargo, la exclusión de ayudas directas a la producción ha generado críticas en sectores estratégicos como las baterías, la energía solar y el hidrógeno, que compiten bajo fuerte presión internacional, especialmente desde Estados Unidos y China.

Reacciones de la industria renovable europea

Aunque distintas asociaciones del sector valoran los avances del nuevo marco, también señalan limitaciones que podrían poner en riesgo la reindustrialización verde de Europa.

Desde SolarPower Europe, celebran que se facilite el acceso a renovables para pymes y la industria, pero lamentan que los nuevos fabricantes solares no puedan beneficiarse de apoyo a los costes energéticos. Piden un Banco de Fabricación de Tecnologías Limpias y una instalación específica para la solar, con ayudas vinculadas a la producción, para alcanzar los 30 GW en 2030.

WindEurope destacó positivamente que el CISAF facilite la electrificación de la industria pesada con renovables mediante PPA:

“Lograr que la industria funcione con electricidad en lugar de combustibles fósiles impulsará la competitividad y la seguridad energética de Europa”, afirmó su director Giles Dickson.

Para Hydrogen Europe, el nuevo marco da señales positivas, pero advierten que hará falta financiación adicional:

“Europa se toma en serio la inversión en tecnologías limpias, pero se necesitan más recursos para impulsar los proyectos de hidrógeno y mantener la fabricación en Europa”, señaló Jorgo Chatzimarkakis.

¿Un golpe para la industria de baterías y tecnologías limpias?

A persar del acogimiento de diferentes sectores, Transport & Environment (T&E) advirtió que el marco no responde a la urgencia del momento ni a la escala de inversión necesaria para competir globalmente. A diferencia del modelo estadounidense —que ha promovido una pujante industria de baterías con subvenciones por unidad producida bajo la Inflation Reduction Act (IRA)— el CISAF mantiene restricciones que impiden replicar ese enfoque en Europa.

“La UE perdió una gran oportunidad de crear un bazuca de tecnologías limpias, con ayudas sencillas, predecibles y financiables para la fabricación en Europa”, declaró William Todts, director ejecutivo de T&E.

“El punto de inflexión que necesita la industria de baterías de la UE es una ayuda a la producción similar a la del IRA, vinculada a criterios de resiliencia, como prometió Ursula von der Leyen”.

Inversión estancada y riesgo de deslocalización

El nuevo marco permite a los Estados miembros invertir en empresas, apoyar proyectos individuales y condicionar la ayuda a la transferencia tecnológica, pero no ofrece instrumentos generalizados para cubrir los costes operativos o por volumen producido, una herramienta crucial durante las primeras fases de fabricación.

Esto supone un duro golpe para la industria de baterías europea, que ha invertido más de 40.000 millones de euros en capacidad de producción, pero sigue sin alcanzar la escala ni la competitividad necesarias para consolidarse frente a fabricantes asiáticos y norteamericanos.

Además, el CISAF incluye disposiciones que, según T&E, podrían favorecer incluso el uso de hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, en lugar de priorizar el hidrógeno verde necesario para una verdadera descarbonización del transporte y la industria.

“Esto podría prolongar la financiación de tecnologías fósiles, en lugar de acelerar el cambio hacia energías realmente limpias”, advirtió la organización.

Europa no respondió al llamado del sector

La decisión de Bruselas llega apenas semanas después de que la European Battery Alliance (EBA250) emitiera un llamado urgente a la Comisión Europea para establecer un mecanismo de apoyo directo a la producción de baterías, considerado esencial para mantener la inversión y evitar la fuga de proyectos fuera del continente.

En su momento, un la EBA250 propuso en un documento estratégico, destinar parte del Fondo de Innovación de la UE —hasta 1.000 millones de euros— para respaldar a fabricantes europeos en dos fases críticas: el escalado inicial y los primeros 5-6 años de operación, cuando los costes son más elevados y los márgenes aún limitados.

Entre las medidas sugeridas, destacaba un sistema de prima decreciente por cada kWh producido (25 €/kWh al inicio), como forma de generar certidumbre para inversores y asegurar contratos a largo plazo con fabricantes de vehículos eléctricos.

“Apoyar la producción inicial es vital no solo para los objetivos climáticos de Europa, sino también para garantizar una cadena de valor estratégica y autónoma”, subrayó la EBA250. 

Un marco incompleto frente a una carrera global

Mientras países como Estados Unidos y China avanzan con paquetes de ayudas masivos, la UE sigue apostando por un enfoque más fragmentado, basado en convocatorias y aprobaciones caso por caso, lo que, según expertos del sector, ralentiza las inversiones y crea incertidumbre.

Finalente, T&E advierte que los 1.800 millones de euros aún disponibles para baterías dentro del Fondo de Innovación no se movilizarán antes de 2028, lo que podría ser demasiado tarde para muchas empresas europeas. “El nuevo ciclo de financiación no comenzará hasta dentro de tres años, y para entonces no está claro cuántos actores europeos del sector seguirán en pie”, alertó Todts.

El lanzamiento del CISAF marca un avance para sectores como las energías renovables o el hidrógeno, pero deja a la industria de baterías europea sin las herramientas clave que necesita para sobrevivir y competir. Sin un cambio de rumbo que contemple ayudas vinculadas a la producción, la UE corre el riesgo de ceder uno de los pilares más estratégicos de su transición ecológica y su autonomía industrial.