La Asociación Española de la Industria de los Gases Renovables, a través de su división APPA Biogás, ha respondido al acuerdo parlamentario en Navarra que impulsa una moratoria integral a la instalación de plantas de biometano en la comunidad. En su posicionamiento, la organización advierte de que esta decisión puede comprometer más de 500 millones de euros en inversiones previstas, además de frenar el desarrollo de un sector que considera clave para la gestión de residuos, la descarbonización y la economía rural.

La respuesta del sector se produce tras la aprobación en la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra de una resolución que insta al Gobierno foral a establecer una moratoria “integral y sin fecha” para nuevas plantas de biometano o biogás, hasta contar con un marco normativo “garantista, participado y ordenado”. La iniciativa, impulsada por Contigo-Zurekin, contó con el apoyo de UPN, EH Bildu, PPN y Geroa Bai, mientras que el PSN se abstuvo.

En este contexto, APPA Biogás sostiene que el biometano representa una oportunidad para transformar residuos orgánicos en energía renovable, fertilizantes sostenibles y reducción de emisiones. Según sus estimaciones, el desarrollo del sector en Navarra permitiría generar cada año unas 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar 154.000 toneladas de CO?.

Además, la asociación calcula que el despliegue del biometano podría reducir en torno a 38 millones de euros anuales las importaciones energéticas de la comunidad y crear alrededor de 440 empleos, especialmente vinculados al medio rural y a la economía circular.

“El biometano no debe desplegarse de cualquier manera, pero tampoco tiene sentido paralizar una tecnología renovable que puede ayudar a resolver problemas reales del territorio. La solución no es bloquear, sino exigir proyectos bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales”, señaló Javier Alberto Muñoz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables.

Inversión de más de 500 millones en juego

El sector estima que la moratoria podría frenar alrededor de 300 millones de euros en proyectos ya previstos y otros 200 millones adicionales en tramitación, lo que eleva el impacto potencial a más de 500 millones de euros en inversión renovable.

APPA Biogás defiende que los riesgos asociados a este tipo de instalaciones —como olores, tráfico, gestión del digestato o protección de acuíferos— deben abordarse mediante regulación específica, controles técnicos y planificación territorial, y no mediante una paralización generalizada.

Entre las medidas que propone el sector se incluyen plantas cerradas, sistemas de depuración y biofiltros, trazabilidad de residuos, control de emisiones, planificación logística y participación de las comunidades locales.

Argumento del parlamento navarro

La resolución aprobada en el Parlamento de Navarra defiende la necesidad de una moratoria hasta contar con un “ecosistema normativo garantista” que permita un despliegue ordenado del biometano, teniendo en cuenta la crisis climática, la protección de la biodiversidad y el uso de los recursos.

El texto argumenta que en Navarra no existe todavía un marco suficiente para asegurar la correcta implantación de estas plantas y menciona, además, preocupaciones sobre la disponibilidad de residuos ganaderos, la gestión del digestato y la base territorial de algunos proyectos recientemente revisados o anulados por el Ejecutivo foral.

APPA Biogás, por su parte, insiste en que el desarrollo del biometano debe basarse en planificación y regulación estricta, pero advierte de que una moratoria generalizada podría frenar inversiones estratégicas en un momento en el que Europa impulsa los gases renovables como herramienta de transición energética.