Brasil dio un nuevo paso en el desarrollo de la eólica marina con la publicación de la metodología que servirá para seleccionar las áreas destinadas a futuros proyectos en el país. El documento, elaborado por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía (MME), establece un procedimiento estandarizado para identificar y priorizar las zonas con mayor potencial, en línea con la Ley 15.097/2025 y la Resolución CNPE 1/2026.

La metodología contempla un proceso de tres etapas. La primera consiste en identificar las regiones con potencial mediante la aplicación de exclusiones legales y tecnológicas para reducir conflictos y mejorar la viabilidad de los proyectos. Posteriormente, se delimitan las áreas de interés considerando factores socioambientales y la compatibilidad con otros usos del espacio marítimo. Finalmente, una evaluación multicriterio clasifica y jerarquiza las zonas en función de aspectos técnicos, económicos, logísticos, ambientales y sociales.

El MME aclaró que el documento no define qué regiones serán ofertadas en futuras licitaciones. Esa decisión seguirá siendo responsabilidad del poder concedente, que tendrá en cuenta las políticas públicas vigentes, los objetivos de cada ronda y el grado de desarrollo del sector.

La propuesta incorpora criterios legales, energéticos, económicos, ambientales y sociales con el objetivo de facilitar la identificación de áreas aptas para la implantación de parques eólicos marinos, procurando compatibilizar esta actividad con otros usos del espacio marítimo y reducir posibles conflictos.

El documento es el resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de instituciones que integran el Grupo de Trabajo de Eólica Marina y contribuciones recibidas durante la Consulta Pública 191/2025. Además, prevé la actualización periódica de los criterios conforme evolucione el mercado y se disponga de nueva información.

Asimismo, la metodología señala que la definición de las futuras áreas deberá coordinarse con la planificación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos, incluyendo puertos, sistemas de transmisión y otras instalaciones de apoyo, mediante una actuación conjunta entre el Gobierno y el sector productivo.