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Archivo Canva

Crisis en el desarrollo eólico de Galicia: 10.500 millones en riesgo y 60 proyectos judicializados


En medio de una situación de incertidumbre e indefensión, Galicia enfrenta una crisis en el desarrollo eólico, alerta la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Con una inversión de 10.500 millones de euros en riesgo y 60 proyectos, equivalentes a 3.000 MW de potencia, actualmente judicializados, la región se ve sumida en una preocupante coyuntura.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anunciado la paralización de 13 nuevos proyectos, basándose en la "prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental". Esto se une a la reciente anulación de suspensiones cautelares a más de 200 MW por el Tribunal Supremo, evidenciando que los proyectos paralizados cumplían correctamente con los procesos de consulta pública, según la AEE.

La controversia se intensifica con la utilización del mapa de zonificación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como base para evaluar el impacto ambiental. Expertos jurídicos cuestionan esta práctica, ya que el mapa no tiene rango normativo y solo pretende informar sobre la complejidad ambiental en determinadas zonas.

Frente a esto, la AEE destaca que la verdadera evaluación ambiental se realiza a través de la Declaración de Impacto Ambiental, un proceso riguroso y vinculante llevado a cabo por técnicos competentes de las Administraciones Públicas.

La persistente inseguridad jurídica no solo afecta al sector eólico gallego, sino que plantea interrogantes sobre la interpretación y aplicación de la ley 21/2013 de evaluación ambiental durante más de una década, no solo en Galicia, sino posiblemente en toda España y Europa.

Esta situación impacta negativamente en la confianza de los inversores, impidiendo atraer nuevas inversiones y amenazando con la pérdida de 8 TWh adicionales necesarios para la electrificación de la economía y 32 nuevos proyectos industriales en Galicia.

“Galicia necesitará 8 TWh adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos, según datos del estudio de impacto que se hizo público el pasado otoño. Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático. Hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Hablamos de unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años”, ha publicado la AEE.

En este contexto, la AEE advierte que la falta de resolución de la situación actual tendrá consecuencias directas en la sociedad y economía gallegas, privando a las comunidades rurales de oportunidades de progreso, afectando a la industria de energía limpia y competitiva, y forzando una emigración industrial hacia otros territorios.

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