EDP Renewables (EDPR) ha decidido no proceder con las inversiones necesarias para la construcción de sus proyectos eólicos en Colombia. Esta decisión se toma después de una exhaustiva revisión de las condiciones económicas y regulatorias que han afectado la viabilidad de los proyectos.

En 2019, la compañía decidió ingresar al mercado colombiano con dos proyectos eólicos, Alpha y Beta, con una capacidad combinada de 0,5 GW, ubicados en la región de La Guajira, reconocida por sus excelentes recursos eólicos. Estos proyectos representaban una oportunidad clave para la diversificación energética de Colombia, con una generación esperada de 2,5 TWh anuales.

Además, EDPR firmó contratos de compra de energía (PPAs) en la subasta organizada por el gobierno colombiano en octubre de 2019 para entregar 1,7 TWh por año durante un período de 15 años, a partir de 2022.

A pesar de los avances iniciales, la compañía señala que el desarrollo de los proyectos se vio obstaculizado por una serie de factores imprevistos. El proceso de permisos ambientales sufrió importantes retrasos debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 en 2020, lo que afectó el progreso de la línea de interconexión de 81 km, esencial para conectar los parques eólicos a la red eléctrica nacional. Como respuesta, en 2021 EDPR optó por almacenar los aerogeneradores adquiridos en un puerto en La Guajira para mitigar el impacto de estos retrasos en la entrega de energía.

Cambios regulatorios y el aumento de los costos complican la situación

A finales de 2022, con el cambio en el gobierno colombiano, surgieron nuevas demandas de ajustes sustanciales en los permisos ambientales, lo que provocó aún más demoras. El número de comunidades indígenas involucradas en el proceso aumentó considerablemente, pasando de 56 a 113, lo que añadió complejidad al trámite.

Además, la situación se vio afectada por otros factores clave, como la falta de disponibilidad de la infraestructura de transmisión planificada por terceros en la región, la promulgación de nueva legislación que impactó negativamente la rentabilidad de los proyectos, el aumento de los costos de construcción y financiamiento, y la devaluación del peso colombiano frente al euro, señala la compañía en un comunicado.

Aunque en agosto de 2023 el gobierno colombiano publicó el Decreto 1276 con medidas de emergencia para reactivar proyectos renovables, el decreto fue anulado judicialmente en octubre del mismo año, dejando sin solución los problemas económicos y regulatorios que afectaban a los proyectos. Ante esta situación, EDPR intentó renegociar los términos de los contratos de PPAs, alcanzando una reestructuración de aproximadamente el 80,7% de los volúmenes de energía acordados, lo que llevó a la suspensión de la entrega de energía por más de dos años.

Pérdidas estimadas y medidas de emergencia

Por otro lado, el permiso ambiental para la línea de interconexión, que sigue pendiente de aprobación, se espera que sea otorgado en febrero de 2025. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la compañía no ha logrado visibilidad sobre mejoras en el marco regulatorio de los ingresos, como reformas al mecanismo de “cargo por confiabilidad”, ni otras medidas que EDPR y la asociación de energías renovables de Colombia consideran fundamentales para permitir la construcción de parques eólicos.

Después de una revisión detallada de los proyectos en 2024, EDPR ha determinado que estos no cumplen con los criterios de inversión ni con el perfil de riesgo de la compañía. Como resultado, se ha decidido no continuar con los fondos necesarios para completar la construcción de los parques eólicos en La Guajira.

Esta decisión de discontinuar los proyectos implica una estimación de pérdidas potenciales de hasta 700 millones de euros, incluyendo la amortización total de los proyectos y 200 millones de euros adicionales relacionados con garantías y responsabilidades futuras. Estos montos serán considerados como eventos no recurrentes, lo que no afectará los ingresos netos recurrentes de la compañía ni su política de dividendos. EDPR continuará tomando las medidas legales necesarias para proteger sus intereses en Colombia y garantizar el cumplimiento de sus derechos.