La Xunta de Galicia ha decidido participar en el procedimiento de consulta iniciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la tramitación de proyectos eólicos en la región, con el fin de defender el rigor del trabajo realizado y su adecuación al marco normativo sectorial vigente.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, señaló que ahora la "Asesoría Jurídica General será la que fije los pasos necesarios para formalizar nuestra personación como parte antes de 5 de noviembre", cuando vence el plazo para hacer alegatos en la cuestión perjudicial sobre los eólicos presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el pasado junio.

El principal argumento de la Xunta es que las autorizaciones de parques eólicos concedidas en los últimos años cumplen con todas las garantías, ya que ni la normativa ambiental europea (Directiva 2011/92/UE) ni la ley estatal (Ley 21/2013 de evaluación ambiental) exigen que se consulte a las autoridades competentes antes de someter un proyecto a información pública. En este contexto, el Gobierno gallego busca confirmar que la tramitación realizada se ajusta a la legislación vigente y ha sido respaldada por el Tribunal Supremo en sentencias recientes.

Vázquez recordó que el Tribunal Supremo avaló la tesis de la Xunta en dos sentencias recientes sobre el parque eólico de Corme -anulado por el TSXG- al concluir que ninguna de estas dos normas deber a solicitar los informes sectoriales necesarios en el marco de la tramitación antes de iniciar la fase de información al público en general.

Con su decisión de intervenir de forma directa en el procedimiento ante lo TJUE, el Gobierno gallego quiere defender que la tramitación realizada aplica la ley básica estatal que cumple con la normativa comunitaria y que se viene empleando de la misma forma desde 2013. Lo hará, además, "de forma coordinada con el Gobierno central", que también fue emplazado en la cuestión perjudicial y ya se presentó en el procedimiento en defensa de la transposición de la directiva que hizo en su día cuando se aprobó la norma ambiental de 2013.

"En los 11 años de vigencia de la Ley de evaluación ambiental estatal ningún tribunal español albergó dudas sobre se el procedimiento fijado en esta norma se ajustaba al derecho comunitario", indicó Ángeles Vázquez. La Xunta señala que fue el TSXG el primero en cuestionarlo a través de sucesivos pronunciamientos sobre las autorizaciones eólicas otorgadas en Galicia en los últimos años, ya que hace una interpretación propia de la Directiva de evaluación de impacto ambiental del Parlamento y del Consejo Europeo que contraviene el procedimiento de información y consulta pública simultáneo que lleva a cabo la Xunta en aplicación de la ley estatal.

La conselleira ha señalado que "la decisión que tome la Justicia europea con relación a la tramitación eólica en Galicia será clave, dado que clarificará definitivamente se el procedimiento aplicado en España desde 2013 a las evaluaciones ambientales de todo tipo de planes y proyectos es correcto -tal y como defiende la Xunta- o si bien la norma estatal que lo regula no recogió adecuadamente la normativa comunitaria sectorial".

Los bloqueos significativos

En Galicia, hay 190 parques eólicos en funcionamiento que generan 3.931 MW. El Plan sectorial eólico prevé la instalación de 6.500 MW, mientras que la Agenda energética gallega establece un objetivo de 8.000 MW para 2030, lo que sugiere que aún hay espacio para nuevos parques.

Sin embargo, el sector enfrenta un bloqueo judicial y administrativo significativo. Actualmente, aproximadamente un centenar de parques autorizados han sido impugnados, y 68 de ellos ya han sido suspendidos en la vía judicial. Esta parálisis ha sido un tema central en las preocupaciones de la Xunta, que se expresó durante el viaje a Bruselas de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde se alertó sobre la situación crítica que afecta al sector debido a constantes recursos judiciales contra las autorizaciones.

Como resultado, Galicia ha pasado de ser líder en potencia eólica instalada en España a caer a la cuarta posición. Este retroceso se debe a la parálisis en el sector, lo que impide avanzar en los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático establecidos por las instituciones comunitarias. "La Comunidad pasó de ser líder en España en potencia eólica instalada a caer hasta la cuarta posición", apuntó Vázquez. "Un retroceso que tiene su razón principal en la parálisis que afecta este sector de forma particular y que le impide avanzar a la vez en los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático que promulgan todas las instituciones comunitarias para el conjunto de regiones y Estados miembros."