El desarrollo de la energía eólica marina en España está entrando en una fase decisiva, pero su evolución dependerá directamente de la agilidad en la reforma de los permisos y de la planificación administrativa. Así lo señala el último análisis de la consultora GlobalData, que advierte de que el país cuenta ya con un marco regulatorio avanzado, pero aún enfrenta cuellos de botella clave para transformar ese potencial en proyectos reales.

Según el informe “Tendencias y análisis del mercado eléctrico español por capacidad, generación, transmisión, distribución, normativa, principales actores y previsiones hasta 2035”, España ha sentado las bases legales para la energía eólica marina mediante el Real Decreto 962/2024, ha reactivado la planificación espacial marítima (POEM) y ha iniciado el proceso para su primera subasta competitiva de gran escala. Sin embargo, la consultora subraya que el éxito del sector dependerá de resolver con rapidez aspectos como las normas de subasta, el acceso a la red eléctrica y las autorizaciones medioambientales.

El reto: pasar del marco legal a los proyectos reales

El análisis destaca que España ya ha formalizado su estructura normativa para el despliegue de la eólica marina, pero aún necesita traducir ese avance en certidumbre para los inversores. El objetivo del país es alcanzar entre 1 y 3 GW de energía eólica marina en 2030, una meta que, según GlobalData, solo será viable si se acelera la tramitación administrativa.

En este contexto, el analista de energía de GlobalData, Attaurrahman Ojindaram Saibasan, señala que “la ambición de España en materia de energía eólica marina ya está plasmada en la ley, pero los inversores esperan normas de subasta vinculantes, transparencia y garantías de conexión a la red. Sin ellas, ni siquiera las zonas y los mapas aprobados generarán proyectos realistas”.

Un marco regulatorio en construcción

El informe detalla que el despliegue normativo ya está en marcha. El Real Decreto 962/2024 establece la base regulatoria para las energías renovables marinas y los procedimientos de licitación pública, mientras que el Real Decreto 150/2023 aprueba los planes de ordenación del espacio marítimo que identifican las zonas con mayor potencial.

A ello se suma una consulta pública iniciada a comienzos de 2026, orientada a definir los criterios técnicos, de capacidad y ambientales de la primera subasta de eólica marina en el país.

Además, GlobalData destaca el impacto del Real Decreto-ley 7/26, que introduce medidas para agilizar la concesión de permisos, impulsar la modernización de instalaciones eléctricas y crear Zonas de Aceleración de Energías Renovables.

Oportunidades en Galicia, Cataluña y Canarias

Las perspectivas de crecimiento del sector están estrechamente vinculadas a la demanda energética y a los objetivos climáticos de la Unión Europea. En el caso español, los proyectos de eólica marina flotante cerca de zonas industriales y portuarias en Galicia, Cataluña y las Islas Canarias se perfilan como los principales focos de desarrollo.

Estos proyectos no solo podrían aportar energía limpia al sistema eléctrico, sino también generar empleo local y reforzar la actividad industrial vinculada a puertos y cadenas de suministro.

Sin embargo, el informe advierte de que la geografía marina y el impacto ambiental aumentan la complejidad de los proyectos, lo que obliga a los promotores a enfrentarse a retos de planificación espacial, permisos medioambientales y conexión a la red.

Un momento clave para el sector

Saibasan concluye que el momento actual es determinante para el futuro de la eólica marina en España: “Para las empresas del sector, infraestructuras portuarias, cadena de suministro y conexión a la red, este es un momento clave para posicionarse. El diseño de la subasta, la seguridad jurídica y el cumplimiento medioambiental en los próximos 12 a 18 meses definirán el futuro de las energías renovables marinas en España”.

En este escenario, la evolución del marco de permisos y la capacidad de ejecución administrativa serán factores decisivos para convertir la ambición regulatoria en proyectos operativos.