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GALERIA

Gobierno colombiano firma decreto que agiliza proyectos eólicos y protege biodiversidad


El Gobierno de Colombia firmó el Decreto 1186 de 2025, que reglamenta la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), un instrumento normativo que agiliza el licenciamiento de proyectos eólicos en Colombia y refuerza la protección ambiental y social del país.

El decreto, elaborado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt, aplica a proyectos de generación eólica con capacidades entre 10 MW y 100 MW, y busca acelerar la transición energética justa bajo altos estándares técnicos, ambientales y sociales.

La LAEólica incorpora criterios de localización, diseño y operación que reducen los impactos ambientales desde la concepción de los proyectos, incluyendo:

  • Distancias mínimas a centros poblados.

  • Tecnologías que previenen afectaciones a aves y murciélagos.

  • Uso eficiente del suelo y turbinas silenciosas.

Asimismo, establece un procedimiento técnico para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que deben incluir planes de manejo, compensación y cierre, así como estrategias de gestión social para garantizar beneficios reales en los territorios.

Según Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y directora general de la ANLA, “el viento sopla a favor de una Colombia más limpia y justa. Con la LAEólica avanzamos hacia una transición energética que armoniza el desarrollo con la protección de la biodiversidad, y que pone en el centro a las comunidades y los territorios como protagonistas del cambio”.

Por su parte, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, resaltó que “el Decreto 1186 de 2025 revoluciona el licenciamiento ambiental en Colombia, impulsando la generación eólica bajo altos estándares técnicos y sociales. Con la LAEólica aceleramos proyectos de energía renovable, reducimos la tramitología y fortalecemos el diálogo con las comunidades”.

El decreto contempla un régimen de transición, permitiendo que los proyectos actualmente en trámite puedan acogerse al nuevo procedimiento optimizado.

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