En una reciente comparecencia, la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de galicia, María Jesús Lorenzana, presentó un plan que obliga a los parques eólicos en Galicia a destinar al menos el 50% de la energía generada a empresas gallegas mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs). La medida, explicó, busca reducir la dependencia de las fluctuaciones del precio del gas, fortalecer la autonomía energética regional y proporcionar un suministro estable y competitivo a las pymes y empresas gallegas.

Sin embargo, el sector eólico ha expresado su más rotundo rechazo a esta propuesta, argumentando que el plan de la Xunta va en contra de la normativa de competencia y del libre mercado de la Unión Europea. A través de un comunicado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha señalado que obligarlas a vender el 50% de su energía exclusivamente a empresas gallegas vulnera la legislación del mercado eléctrico europeo y la Ley del Sector Eléctrico española. Advirtieron que una intervención de este tipo puede atraer sanciones internacionales y activar arbitrajes, con consecuencias negativas para la seguridad jurídica y la estabilidad del sector.

Además, la patronal señaló que muchos promotores ya tienen contratos de suministro con consumidores industriales hasta después de 2030, y romper estos compromisos generaría una “judicialización en todo el sector”. Aseguran también que imponer esta obligación podría elevar el precio de la electricidad para los consumidores y frenar la inversión en la región.

A pesar de los beneficios expuestos por la Xunta, la AEE insiste en la necesidad de estabilidad regulatoria y de que se respeten las normativas vigentes tanto en España como en Europa. Finalmente, denuncia que la propuesta de la Xunta vulnera varios principios legales fundamentales, entre los que destacan:

• Actividad liberalizada y libertad de empresa: La Ley del Sector Eléctrico (art. 2 de la ley 24/2013) define la generación de energía como una actividad libre y liberalizada. Asimismo, esta normativa estatal se basa en la libertad de empresa protegida por la Constitución Española (art. 38), y no puede ser restringida por una ley autonómica.

• Libre pacto en contratos: El artículo 8.1 de la misma ley permite a los agentes de mercado pactar libremente los términos de sus contratos de compraventa de energía, algo que esta medida de la Xunta dificultaría al imponer condiciones de venta para un conjunto específico de consumidores.

• Libertad de establecimiento: La obligación de destinar el 50% de la electricidad a un determinado colectivo infringe el derecho a la libertad de establecimiento, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Directiva 2019/944 de la UE también establece en su preámbulo que solo un mercado interior abierto y sin restricciones permite a los suministradores abastecer libremente a sus clientes.

• Condiciones de competencia equitativa: La misma directiva, en su artículo 3.4, exige que los Estados miembros promuevan condiciones transparentes y no discriminatorias para las empresas eléctricas. La imposición de un mercado cerrado podría distorsionar los precios y perjudicar a consumidores no beneficiados por esta medida.

La AEE advierte que imponer la venta del 50% de la energía generada a un grupo de consumidores seleccionado distorsionaría el mercado, encareciendo la electricidad para otros sectores industriales y domésticos, además de paralizar inversiones en Galicia. También alerta sobre las posibles sanciones de la Comisión Europea y los arbitrajes internacionales que podrían activarse si se percibe esta medida como una expropiación de facto. Esta iniciativa, advierte el sector, podría implicar la ruptura de contratos ya existentes y un aumento de los costes eléctricos, en contravención de la normativa española y europea.

En ese sentido, la patronal reclama estabilidad regulatoria y pide que se respete la legislación vigente, recordando que la vía más eficiente para optimizar precios y competitividad en la venta de electricidad es la libre competencia en el mercado, sin restricciones o preferencias para determinados colectivos.