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Lula aprueba marco regulatorio para la eólica marina en Brasil


El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el Proyecto de Ley nº 576/2021, que regula la generación de energía renovable a través de aerogeneradores en el mar. La ley establece un marco para aprovechar el potencial de los vientos oceánicos en áreas bajo control de la Unión, como el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. La medida fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión (DOU), este viernes 10 de enero.

El texto de la ley prevé incentivos para el desarrollo de la industria nacional, la creación de empleos y el fortalecimiento de la seguridad energética del país, integrando aspectos económicos y ambientales.

Además, establece requisitos para el desmantelamiento de proyectos y la restauración de áreas exploradas, así como la obligación de realizar consultas previas a las comunidades afectadas, garantizando el respeto a las prácticas marítimas tradicionales y la cultura local.

En cuanto a los ingresos generados, estos provendrán de bonos de firma, tasas de ocupación y participación proporcional en la energía producida. Dichos recursos se distribuirán entre la Unión, los estados y los municipios, con una parte significativa destinada a la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

La nueva ley representa un cambio de nivel para Brasil, que ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking mundial de producción de energía eólica. Con esta legislación, el país espera impulsar la generación de energías limpias y renovables, reducir costos e impulsar la industria local, especialmente considerando que la energía marina es una fuente nueva en el país.

En cuanto a los vetos, el presidente Lula retiró los artículos 22, 23 y 24 de la ley, que no estaban relacionados con la generación de energía eólica marina y no formaban parte del proyecto original. Estos artículos planteaban la inclusión de fuentes de energía más contaminantes, como las termoeléctricas de carbón y gas, y modificaban las tasas de corrección arancelaria en un sentido menos favorable para la población.

Con estos vetos, el gobierno busca evitar un retroceso en la transición energética y proteger tanto el bienestar de los ciudadanos como el equilibrio de las cuentas públicas.

 

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