La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) han emitido un comunicado conjunto para mostrar su desacuerdo con las medidas propuestas por la Xunta de Galicia que afectarían al sector eólico y al hidráulico. Estas medidas están siendo tramitadas en un proyecto de Ley cuya aprobación es próxima.  

Una de las medidas denunciadas por estas asociaciones es el condicionamiento de la tramitación de proyectos a la venta de energía a determinados clientes. La normativa facilitaría la tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia.  

Además, se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida. 

Respuesta del sector  

Las empresas firmantes alegan que estas medidas afectan de manera inmediata al sector renovable regional y a medio plazo al conjunto del sector eléctrico. De ser aprobadas aumentaría la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y provocaría una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España. 

El comunicado asegura que los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años funcionan con absolutas garantías. De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años. 

Los operadores de los parques deben tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación. El cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es antieconómico y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada. 

Con respeto a la propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad autónoma es contraria a Derecho. Las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo. 

El comunicado hace hincapié en la importancia de mantener un mercado español dinámico y sin barreras internas para todas las empresas del país. Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios. 

Según las asociaciones firmantes, el sector eólico Galicia lleva años sujeto a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones, que en la práctica ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos. Estas medidas suponen un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región.