
AEDIVE pide soluciones urgentes para evitar que el sector del vehículo eléctrico en España pierda competitividad
El rechazo en el Congreso de los Diputados a la Ley Ómnibus en España el pasado 22 de enero, que incluía, entre otras medidas, la ampliación de las ayudas a la movilidad eléctrica, ha puesto en riesgo inversiones millonarias y una parte estratégica del futuro económico, industrial, empresarial, energético y tecnológico en España.
AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) ha manifiestado su preocupación por el ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios, tras el rechazo a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso de los Diputados.
Este bloqueo legislativo hace imposible, además, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos, teniendo en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes, según el reciente “Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España”, por parte de AEDIVE.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, señaló en el Congreso de los Diputados que “En 2018 el Programa MOVES apenas tenía 50 millones de euros asignados y actualmente se ha llegado a 1.550 millones. Son cifras históricas. La última ampliación del programa decayó por su no convalidación, pero seguiremos trabajando para hacer posible que todas las medidas vuelvan a estar ahí para nuestros ciudadanos y nuestro tejido industrial”.
En medio de este panorama, la asociación reclama a la clase política racionalidad y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del MOVES 3, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre.
Es imprescindible conseguir acuerdos que permitan aprobar un nuevo paquete de ayudas que evite la parálisis del mercado, la competitividad y los empleos.
Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de la ampliación de ayudas del MOVES 3 hasta junio de 2025, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60 % en vehículos eléctricos de batería; del 36 % en híbridos enchufables y del 100% en el canal de particulares, hasta que recientemente se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado.
Según AEDIVE; esta situación supone una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado.
Medidas sugeridas
Al margen de la reactivación de un plan de incentivos eficiente, AEDIVE propone una serie de actuaciones para potenciar el mercado.
Entre ellas, en el IRPF, proponen una deducción del 21 % del valor de adquisición de vehículos eléctricos, siendo la base máxima de deducción 45.000 euros. Además una deducción del 35 % del valor de la instalación del punto de recarga de vehículo eléctrico, siendo la base máxima de deducción 3.000 euros.
En el Impuesto de Sociedades, proponen una deducción del 35 % en la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público, hasta un importe de 100.000 euros por punto de carga; y hasta un importe de 200.000 euros si incorporan soluciones de almacenamiento energético de respaldo.
Además, es importante, la libertad de amortización en el cálculo del Impuesto de Sociedades para todas las inversiones en movilidad cero emisiones, incluyendo vehículos eléctricos y/o las infraestructuras de recarga.
Asímismo, ponen sobre la mesa la supresión de los impuestos en la retribución en especie por el uso de vehículos cero emisiones propiedad de la empresa o en renting, eliminando cualquier limitación en el techo de precio de compra.
Por otra parte, es interesante implemntar un bono por achatarramiento de 2.000 euros para uso en servicios de movilidad compartida eléctrica (bicicletas, motos y coches) y seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica y agilizar su tramitación.
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