La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha trasladado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, un decálogo de medidas para consolidar en España una industria competitiva de infraestructura de recarga. La asociación reclama que este sector sea reconocido como estratégico dentro de la industria de la automoción y que se desarrollen políticas específicas para impulsar la fabricación, la innovación y la competitividad nacional.

La propuesta fue presentada durante una reunión mantenida entre AEDIVE y el ministro el 25 de agosto, en la que la asociación planteó una visión de la movilidad eléctrica centrada no solo en la electrificación del transporte, sino también en el desarrollo de la capacidad industrial y tecnológica vinculada a ella.

El documento, denominado “Decálogo de la Industria Española de Infraestructura de Recarga”, reúne las aportaciones de los fabricantes nacionales integrados en AEDIVE y parte de la premisa de que España ya dispone de capacidades industriales y tecnológicas relevantes en este ámbito. El objetivo es convertir esas capacidades en una ventaja competitiva duradera.

La recarga, dentro de la industria de la automoción

Uno de los principales planteamientos de AEDIVE es que la infraestructura de recarga sea considerada una parte integral de la industria de la automoción, al mismo nivel que los vehículos y sus componentes.

La asociación sostiene que la electrificación del transporte no puede abordarse únicamente desde el desarrollo y la adopción de vehículos eléctricos. Para consolidarla, considera necesario disponer de una infraestructura de recarga suficiente, fiable, interoperable y tecnológicamente avanzada.

Por ello, AEDIVE pide que este reconocimiento se traduzca en políticas específicas de apoyo, financiación e impulso industrial. Entre sus propuestas figura además incorporar expresamente a los fabricantes de equipos y soluciones de recarga a la Industrial Accelerator Act, con el fin de facilitar su acceso a instrumentos europeos de financiación, inversión e innovación.

El decálogo también plantea promover el diseño, fabricación y desarrollo de equipos de recarga en Europa, con el objetivo de reducir dependencias externas, reforzar las cadenas de suministro y favorecer la creación de empleo cualificado y de innovación.

Licitaciones públicas basadas en el valor

AEDIVE propone asimismo modificar el enfoque de la contratación pública de infraestructura de recarga para que las decisiones no se basen únicamente en el precio inicial de los equipos.

La asociación reclama que las licitaciones tengan en cuenta el coste total del ciclo de vida de la infraestructura, incluyendo instalación, operación, mantenimiento, consumo energético, actualización y eventual sustitución.

A estos criterios económicos se sumarían parámetros de calidad, fiabilidad, interoperabilidad, ciberseguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y servicio posventa. Según AEDIVE, este modelo permitiría utilizar la contratación pública como una herramienta de política industrial y favorecer soluciones más robustas y eficientes.

Supervisión y competencia en el mercado

Para garantizar unas condiciones de competencia equilibradas entre fabricantes españoles y europeos, AEDIVE plantea crear un mecanismo nacional especializado de supervisión de equipos de recarga.

La propuesta contempla que este organismo pueda realizar ensayos técnicos, coordinar campañas de inspección y elaborar informes de seguimiento, tomando como referencia modelos europeos como el francés.

El objetivo es reducir las diferencias existentes en la intensidad de la vigilancia del mercado y garantizar que las empresas que acreditan la conformidad de sus productos puedan competir en condiciones equivalentes.

A esta medida se suma la petición de un marco regulatorio estable y armonizado, con una aplicación coordinada de la normativa europea, incluida la Regulación de Infraestructura para Combustibles Alternativos (AFIR), la normativa de metrología, el Cyber Resilience Act y NIS2. AEDIVE busca evitar interpretaciones divergentes, duplicidades y requisitos adicionales que puedan convertirse en barreras para el mercado.

Menos burocracia y más I+D+i

El decálogo reclama también simplificar los programas de ayudas e incentivos destinados a la infraestructura de recarga. AEDIVE propone reducir la carga documental, homogeneizar las convocatorias y acortar los plazos de evaluación, resolución y pago para acelerar la movilización de fondos públicos hacia la inversión industrial y el despliegue de infraestructura.

La asociación sitúa la I+D+i como otro de los pilares de su propuesta. Entre las áreas prioritarias menciona la recarga inteligente y bidireccional, la interoperabilidad, la integración con la red eléctrica, la digitalización, el mantenimiento predictivo y la gestión energética.

Para ello, plantea mecanismos de financiación estables y una mayor colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, operadores energéticos y administraciones.

El documento también reclama políticas que favorezcan el crecimiento de fabricantes, proveedores tecnológicos y pymes vinculadas al sector, así como el desarrollo en España de actividades de diseño, ingeniería, software, digitalización, integración energética, mantenimiento y otros servicios asociados.

La finalidad es aumentar la autonomía industrial y tecnológica, generar empleo cualificado y estable, atraer inversión y utilizar el mercado español como plataforma para mejorar la competitividad y la capacidad exportadora de las empresas nacionales. AEDIVE subraya que su propuesta no busca subvenciones indiscriminadas, sino crear un entorno industrial que reconozca el valor estratégico de las empresas que ya diseñan, fabrican y exportan tecnología desde España.

Un marco estable de colaboración público-privada

El último punto del decálogo plantea establecer un marco estable de colaboración público-privada que permita anticipar necesidades regulatorias, detectar barreras y acelerar el despliegue de una infraestructura de recarga segura, interoperable y competitiva.

Durante la reunión, AEDIVE también entregó al ministro el informe “kWh bonificado para el transporte pesado en España”, con una propuesta destinada a corregir el actual desequilibrio entre las tecnologías energéticas disponibles para el transporte profesional.

La iniciativa busca evitar que el coste de la energía se convierta en una barrera adicional para la electrificación del transporte pesado y, al mismo tiempo, generar una demanda eléctrica previsible que pueda contribuir a movilizar inversiones en industria, infraestructura de recarga y actividad económica.

Retrasos en conexiones y puesta en servicio

AEDIVE aprovechó el encuentro para trasladar otros trabajos previamente remitidos al Ministerio, entre ellos un informe sobre el impulso de la recarga en corriente alterna y documentación relacionada con la plataforma PIRVEP, centrada en el despliegue de infraestructura de alta potencia y en la eliminación de barreras administrativas, regulatorias y operativas.

Uno de los problemas señalados por la asociación es el impacto que están teniendo los retrasos administrativos y los procesos de conexión y energización con las distribuidoras. Según AEDIVE, estas demoras están generando costes económicos y reputacionales para los operadores de infraestructura de recarga (CPOs) debido a instalaciones que no pueden entrar en funcionamiento dentro de los plazos previstos.

La asociación defendió además que la infraestructura de recarga tenga una mayor presencia dentro del Plan Auto 2030, de manera que su reconocimiento como parte integral de la industria de la automoción tenga una traducción concreta en los incentivos y medidas del plan.

Durante la reunión también se abordaron los Certificados de Ahorro Energético (CAES), los eCredits y distintos aspectos relacionados con la seguridad industrial en la instalación de puntos de recarga.

Con estas propuestas, AEDIVE busca que la política de movilidad eléctrica evolucione desde un enfoque centrado principalmente en acelerar la adopción del vehículo eléctrico hacia una estrategia industrial más amplia, orientada a consolidar en España las capacidades empresariales y tecnológicas necesarias para desarrollar la infraestructura que sustenta la electrificación del transporte.