Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling y la Asociación Española de Biocircularidad (BIOCIRC) han presentado un informe con propuestas de medidas económicas, regulatorias y de colaboración público-privada para fomentar la producción y el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF) en España. 

El documento, titulado “¿Cómo hacer de España el líder europeo de SAF? Hoja de ruta para acelerar la descarbonización del transporte aéreo”, destaca que el uso de SAF permite reducir más de un 80 % las emisiones de CO2 en comparación con el queroseno convencional, considerando todo su ciclo de vida. Según las proyecciones, si se implementan las medidas propuestas, las emisiones de CO2 del sector aéreo en España podrían reducirse en 14 millones de toneladas para 2050, lo que favorecería la transición energética y la economía circular al aprovechar residuos que, de otro modo, acabarían en vertederos. 

Entre las medidas clave planteadas está la necesidad de invertir 22.000 millones de euros en el desarrollo de la nueva industria de SAF, lo que permitiría la construcción de instalaciones y la creación de 270.000 empleos directos, indirectos e inducidos hasta 2050. Esta inversión podría generar un impacto de 13.000 millones de euros en el PIB español solo por la construcción de las plantas, a lo que se sumarían 42.851 millones de euros adicionales derivados de la operación de las instalaciones hasta mediados de siglo. 

El informe subraya que, para garantizar la independencia energética del sector aéreo en España y asegurar el acceso a combustibles sostenibles hasta 2050, sería necesario construir tres plantas de biocombustible HEFA, cinco plantas de combustible sintético y al menos 24 plantas de biocombustibles SAF AtJ (Alcohol to Jet) y FT (Fischer Tropsch).  

La ubicación estratégica de estas plantas es crucial. El informe recomienda que se construyan cerca de las fuentes de materias primas, lo que no solo contribuiría a la descarbonización de la economía, sino también al desarrollo social y económico de las áreas rurales. Además, se destaca la importancia del desarrollo de tecnologías innovadoras y el despliegue de infraestructuras industriales con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de SAF en el mercado. 

Las compañías firmantes del informe también instan a la creación de un pacto nacional entre el Gobierno y el sector privado para establecer una estrategia nacional de SAF, con el objetivo de situar a este vector energético como una prioridad en la agenda energética e industrial del país. 

Para llevar a cabo las medidas propuestas, el informe sugiere la implementación de un marco regulatorio que ofrezca seguridad jurídica a los inversores en esta industria emergente. Asimismo, se pone de relieve la importancia de compartir los costes adicionales entre el sector y los consumidores, dado que el precio del SAF es entre tres y cinco veces superior al del queroseno convencional. 

Entre las iniciativas destacadas está la creación de un fondo anual de más de 300 millones de euros para financiar la construcción de plantas de producción y fomentar el consumo de SAF, utilizando los ingresos obtenidos por el Estado en las subastas de derechos de emisión. 

El informe prevé que, de mantenerse la hoja de ruta actual, la integración de SAF en España generará un sobrecoste de 5.045 millones de euros para 2040, con aumentos progresivos de 68 millones en 2025 y 678 millones en 2030. De no aplicarse medidas para mitigar estos costes, el sector de la aviación y los consumidores tendrían que asumirlos. Aunque un tercio de los fondos NextGen, más de 70.000 millones de euros, está destinado al “Green Deal”, no se han asignado partidas específicas para la descarbonización del sector aéreo ni para el fomento de la industria del SAF. 

Por último, el informe destaca la necesidad de agilizar los permisos y autorizaciones, mejorar las infraestructuras aeroportuarias y crear un mecanismo europeo para garantizar la trazabilidad del SAF. También subraya los desafíos relacionados con el acceso a los distintos tipos de residuos empleados como materia prima, debido a su dispersión, y la falta de un organismo centralizado que facilite su gestión, así como la ausencia de incentivos que respalden estos esfuerzos.