El Gobierno de España ha presentado el Marco de Acción Nacional (MAN) para el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos en el transporte. El documento, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido remitido a la Comisión Europea y se encuentra abierto a audiencia pública.

El marco establece las actuaciones previstas por España para cumplir con el Reglamento europeo AFIR, que fija objetivos para el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica y suministro de combustibles alternativos para vehículos de carretera, buques, aeronaves y trenes.

El transporte representa actualmente el 42% del consumo final de energía y el 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España, según los datos recogidos en el documento. En este contexto, el MAN plantea medidas para ampliar la infraestructura disponible y acompañar el objetivo del PNIEC de alcanzar 5,5 millones de vehículos electrificados en 2030.

El foco pasa a la recarga de alta potencia

España cuenta actualmente con 42.318 puntos de recarga de acceso público, con una potencia nominal instalada de 2.269 MW. El país supera así los requisitos mínimos europeos de potencia por vehículo electrificado, alcanzando 2,66 veces el nivel exigido para el parque actual.

El nuevo marco señala, sin embargo, que el principal reto pasa ahora por incrementar la potencia disponible y garantizar una cobertura adecuada de alta capacidad en las principales vías de transporte.

Para ello, el Gobierno contempla actuaciones específicas en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), entre ellas el programa MOVES Corredores, dotado con 200 millones de euros para instalaciones con una potencia agregada mínima de 300 kW.

El MAN también recoge nuevas obligaciones para determinadas estaciones de servicio. Aquellas con ventas superiores a 10 millones de litros deberán disponer de al menos 400 kW de potencia de recarga, requisito que aumentará hasta 600 kW en 2027.

En los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas se establece además una dotación mínima de un punto de recarga por cada 40 plazas. En los edificios dependientes de la Administración General del Estado, la proporción será de un punto por cada 20 plazas.

El despliegue también se apoyará en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), cuyos municipios deberán establecer objetivos anuales de desarrollo de infraestructura de recarga dentro y fuera de sus perímetros.

El Gobierno señala asimismo que el mapa estatal REVE permite consultar la disponibilidad y el precio de unos 44.700 puntos de recarga, mientras avanza la implantación de una señalización homogénea para identificar las estaciones en la Red de Carreteras del Estado.

Más de 3.000 millones movilizados

El documento recoge que desde 2019 se han movilizado más de 3.000 millones de euros mediante los programas MOVES para impulsar la movilidad eficiente.

A estas medidas se suman el Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros para fomentar la adquisición de vehículos electrificados de producción europea y nacional, y una nueva línea MOVES.

El Gobierno también prevé 150 millones de euros procedentes de fondos FEDER para infraestructura de recarga, actualmente en tramitación.

En materia fiscal, el marco incluye deducciones del 15% en el IRPF para particulares y libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para empresas, además de posibles reducciones de impuestos locales como el IBI o el ICIO.

Para el transporte pesado, el MAN identifica como principales retos la renovación de unas flotas dominadas por microempresas y el desarrollo de infraestructura específica. El plan contempla actuaciones en Zonas de Estacionamiento Seguras y Protegidas (ZESP) y futuras ayudas para vehículos e infraestructura de recarga en depósitos privados y puntos de acceso público.

919 MW de suministro eléctrico en puertos

El segundo eje del marco aborda la electrificación de puertos, aeropuertos y ferrocarril.

En el ámbito marítimo, España cuenta con 26 puertos sujetos a las obligaciones del reglamento europeo. El objetivo es alcanzar 919 MW de potencia eléctrica instalada en 2030 para cubrir al menos el 90% de las escalas de buques portacontenedores y de pasajeros de más de 5.000 toneladas.

El sistema portuario disponía de unos 200 MW instalados en 2024, por lo que será necesario ampliar esta capacidad hasta alrededor de 1,1 GW para atender tanto las obligaciones europeas como las nuevas demandas energéticas de los puertos.

El plan de empresa de Puertos del Estado contempla 778,7 millones de euros de inversión entre 2025 y 2029 para impulsar la electrificación y adaptar las instalaciones a combustibles alternativos, incluidos el metanol verde, el amoniaco renovable y los biocombustibles avanzados.

En los aeropuertos de la red básica y global, todos los puestos de estacionamiento de contacto ya cuentan con suministro eléctrico mediante tomas fijas. Para los puestos remotos, el Gobierno prevé sustituir progresivamente las unidades de energía de tierra diésel por equipos eléctricos o alimentados con combustibles renovables como el HVO.

Hidrógeno y baterías para los tramos ferroviarios sin electrificar

La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) tiene actualmente un 67% de sus vías electrificadas, mientras que 5.175 kilómetros continúan operándose mediante tracción diésel.

Las actuaciones previstas permitirán electrificar unos 1.700 kilómetros adicionales y elevar la cobertura hasta el 78% de la red. Actualmente, el 92% del tráfico de mercancías y pasajeros de Renfe ya se realiza mediante tracción eléctrica.

Para los tramos en los que la electrificación convencional no resulte viable desde el punto de vista socioeconómico, el MAN plantea analizar alternativas de cero emisiones, entre ellas trenes de hidrógeno y baterías.

En este contexto, el Gobierno ha puesto en marcha una consulta pública al mercado para recopilar información técnica y evaluar la viabilidad de estas tecnologías.

Con el Marco de Acción Nacional, España establece así la planificación para ampliar la infraestructura de combustibles alternativos y adaptar el transporte por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario a los objetivos europeos de descarbonización.