La publicación de los primeros mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica ha puesto de manifiesto una realidad incómoda: el 83,4% de los nudos de conexión ya están saturados. Un dato que trasciende lo técnico y revela el talón de Aquiles de la transición energética española.

Lo que hasta ahora en el sector ya constatábamos como un problema creciente ha quedado evidenciado de forma oficial. Y el impacto es directo: más de 60.000 millones en inversiones estratégicas (industria, centros de datos, hidrógeno, infraestructuras de recarga y promociones inmobiliarias) ven bloqueado su crecimiento a causa de la falta de garantías para acceder a la red y, en muchos casos, corren el riesgo de desviarse hacia otros mercados que puedan ofrecer más certidumbre y menos bloqueo.

Lo que se empezaba a celebrar como el gran triunfo verde ha dado paso al colapso actual, resultado de tres dinámicas que se han solapado:

1. Redes con inversión insuficiente. Diseñadas bajo criterios obsoletos, las infraestructuras de distribución no han seguido el ritmo de electrificación ni la integración masiva de renovables. La propuesta de retribución de la CNMC para 2026-2031 (6,46%) no da respuesta al volumen de capital que se necesita movilizar.

2. Desajustes de la integración renovable. En agosto de 2025, un 6,75% de la generación renovable se quedó fuera del sistema por curtailments, el doble del máximo histórico. Una señal clara de un sistema que carece de flexibilidad, almacenamiento y una planificación adecuada.

3. Opacidad y especulación. Durante años, la ausencia de información pública sobre capacidad real generó un mercado paralelo de permisos, con duplicidades y proyectos “fantasma” que bloquearon gigavatios enteros sin materializarse.

La saturación de la red no es un simple problema técnico, sino un riesgo estratégico que frena el desarrollo de España. Inversiones cruciales en data centers, fábricas de baterías y, por su impacto social, los grandes desarrollos urbanísticos —clave para generar vivienda, empleo y dinamizar la economía territorial— están en riesgo. La congestión también aumenta la fragilidad del sistema y acentúa la asimetría territorial en cuanto a concentración de la capacidad renovable alejada de los grandes centros de consumo, careciendo de la adecuada conexión para una mayor eficiencia.

España no puede permitirse que su liderazgo en energías renovables se convierta en un freno para la inversión, la competitividad y el desarrollo económico. El debate ya no es si el país liderará la transición, sino si podrá sostenerla.

La respuesta para sostener la transición energética pasa por una estrategia integral que combine inversión, regulación y tecnología, con cinco medidas inmediatas y realistas:

• Un marco retributivo coherente, que permita elevar la inversión en redes de transporte y distribución, con mayor urgencia en los nudos críticos identificados, y atraiga capital privado.

• Flexibilidad y digitalización: desplegar almacenamiento, redes inteligentes y una gestión activa de la demanda.

• Maximizar el uso de las redes actuales habilitando al distribuidor a ser el gestor del sistema de su propia área de responsabilidad.

• Planificación flexible, modificando los escenarios de planificación de la red de transporte para que se adapten a los requerimientos temporales de la demanda, integrando la planificación de la red de distribución.

• Estrategia nacional unificada, que alinee Gobierno, Comunidades Autónomas, CNMC, Red Eléctrica y las distribuidoras en torno a una visión común.

La transición energética ya no se mide en megavatios instalados, sino en la capacidad real de la red para integrarlos y transformarlos en valor económico e industrial. El reto es enorme: la red tiene que dejar de ser un freno para convertirse en el motor del cambio. España no puede dejar que la transición verde y la lenta actualización tecnológica obstaculicen el despliegue de una infraestructura eléctrica robusta, flexible y adaptada a la demanda del siglo XXI.

Escribe: Abelardo Reinoso, Asesor Energía y Redes Eléctricas