La transición energética está implicando cambios en el consumo, expresados en eficiencia energética y mayor electrificación, reemplazando paulatinamente los combustibles fósiles por electricidad. En este escenario se requerirá una red de distribución moderna, segura, resiliente, flexible y sostenible, que traslade los beneficios de la transición a los consumidores e impulse la entrada de recursos energéticos distribuidos (DER). Esto plantea desafíos en términos de garantizar la cobertura y la calidad del servicio no solo en las ciudades sino también en las grandes áreas rurales.

Por el lado de la adaptación, los DSO (Distribution System Operators, por sus siglas en inglés) tendrán que aumentar su resiliencia para enfrentar un escenario en el que se producirán eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes. Además, deberán gestionar la carga de millones de vehículos eléctricos, permitir que millones de hogares se climaticen con electricidad, y miles de empresas electrifiquen sus procesos.

En la práctica esto se traducirá en requerimientos de expansión de nuevas líneas y capacidad de transformación para soportar la mayor demanda y la integración de generación distribuida, inversión en tecnología para la digitalización de la red, incluyendo sistemas ADMS, sensores, y dispositivos de control remoto, costos asociados con la instalación de estaciones de recarga, y la implementación de medidores inteligentes y sistemas de gestión de datos de medición, entre otros. En resumen, la transición no puede lograrse sin una inversión significativa en la infraestructura de distribución eléctrica.

El estudio denominado "Sin inversión no hay transición: el futuro de la distribución eléctrica en América Latina", elaborado por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT), estimó que, hasta 2040, siete países de la región requerirán USD 289 mil millones en inversiones adicionales para un escenario de transición efectiva, y USD 174 mil millones en un escenario de transición parcial, para alcanzar estándares comparables a los de países europeos. Las inversiones anualizadas representan entre 0,19% y 0,50% del PIB de los países evaluados, y entre 75,4 y 97,4 USD por cliente conectado.

Estas inversiones están asociadas a once vectores de transición energética, como la electrificación de la industria, el comercio y los hogares; la integración de energía distribuida y sistemas de almacenamiento; la masificación de la electromovilidad; la optimización de la infraestructura; la digitalización y automatización de las redes; y la necesidad de una mayor resiliencia frente a eventos climáticos extremos.  

Estos resultados indican que la región deberá movilizar recursos considerables para modernizar sus infraestructuras eléctricas, lo que obliga a superar desafíos derivados de las limitaciones financieras, la incertidumbre regulatoria, la resistencia al cambio, y la necesidad de desarrollar capacidades técnicas y operativas en las empresas distribuidoras. Para hacer frente a estos desafíos se requiere un cambio de paradigma regulatorio, pasando de un enfoque tradicional que minimiza los costos de distribución a uno que maximice el valor de las inversiones para la sociedad. El estudio recomienda avanzar hacia un esquema de regulación que incluya mecanismos para promover inversiones en áreas clave como digitalización, resiliencia y reducción de pérdidas.

Las inversiones en la modernización del sistema eléctrico son un pilar fundamental de la transición, y sus beneficios se extienden más allá del sector energético, impactando en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Su materialización requerirá un enfoque coordinado y estratégico, así como el apoyo de políticas públicas favorables a la transición. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán fundamentales para definir el camino hacia un futuro energético más sostenible, resiliente y justo para todos.

Escribe Roberto Cajamarca Gómez, director de Gestión del Conocimiento de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas.