El Ejecutivo español desvela este martes las conclusiones del informe que analiza el apagón eléctrico registrado el pasado 28 de abril, un fallo que dejó sin suministro a buena parte de la Península Ibérica durante varias horas. El documento ha sido remitido al Consejo de Seguridad Nacional y será presentado también al Consejo de Ministros, reunido en La Moncloa.

El análisis ha sido coordinado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al frente de un comité interministerial formado tras el suceso. El grupo ha mantenido 14 reuniones desde el 30 de abril, con participación del CNI, el Ministerio de Defensa, Interior, Transformación Digital, el Consejo de Seguridad Nuclear, INCIBE y otros organismos especializados en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.

Durante los 50 días que han transcurrido desde el corte, las hipótesis sobre el origen del fallo han sido diversas y, en ocasiones, contradictorias. ENTSO-E, la organización europea que agrupa a los operadores de sistemas eléctricos, publicó un análisis preliminar en el que sitúa el detonante en la desconexión repentina de 2.200 MW de generación en el sur de España. Esta pérdida súbita de potencia habría provocado una caída de frecuencia en la red, desencadenando una desconexión en cascada del sistema ibérico.

A nivel nacional, Red Eléctrica señaló el 29 de abril al suroeste peninsular como foco inicial del fallo. Posteriormente, la ministra Aagesen apuntó a la provincia de Granada como posible origen. La patronal eléctrica Aelec, por su parte, publicó el 22 de mayo un gráfico técnico que mostraba graves oscilaciones de tensión en una subestación de Córdoba, donde se habrían superado los límites admisibles y activado las protecciones automáticas de desconexión.

La falta de una versión oficial clara hasta ahora ha generado una creciente presión institucional y mediática. En paralelo, y en el plano internacional, Sara Aagesen se reunirá esta noche a las 20:00 con su homóloga portuguesa, María da Graça Carvalho, ministra de Energía y Medio Ambiente, para abordar de forma coordinada las implicaciones del fallo en ambos países.