La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha anunciado una importante modificación normativa para impulsar la implantación de energías renovables en las islas, ajustando el uso del artículo 6-BIS de la Ley de regulación del sector eléctrico canario. Esta norma, que hasta ahora permitía viabilizar instalaciones renovables en zonas sin planificación, quedará limitada exclusivamente a las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), con el objetivo de ordenar y acelerar los proyectos renovables en el archipiélago.

La medida fue presentada en la VII Mesa de Energías Renovables, celebrada el pasado jueves 24 de julio, que reunió a representantes del sector, administraciones locales y empresas. El consejero Mariano Hernández Zapata destacó que esta modificación es “un compromiso adquirido por el Ejecutivo para agilizar trámites y facilitar un modelo energético más ágil, claro y adaptado a la realidad territorial y productiva de Canarias, al tiempo que se avanza hacia una Canarias más descarbonizada”.

El artículo 6-BIS se empleaba para justificar la urgencia o interés excepcional en proyectos renovables, pero ahora se acotará su aplicación exclusivamente a las Zonas de Aceleración de Renovables, áreas definidas donde se facilita el desarrollo energético. En el caso de Lanzarote, donde se firmó recientemente el primer protocolo entre el Gobierno regional y el Cabildo, estas zonas ocupan un máximo del 3,75% de la superficie insular, aunque para alcanzar los objetivos de descarbonización al 2030 se estima que la ocupación real será solo del 0,23%.

Entre las novedades del nuevo marco normativo, se incluyen criterios para el uso de suelos rústicos de protección agraria aptos para renovables, la regulación del empleo de baterías en los parques solares y la eliminación de expropiaciones para instalaciones fotovoltaicas, promoviendo así proyectos más flexibles y modulares.

Además, la Mesa abordó otros temas clave como el avance del Decreto de Participación Local, que garantiza hasta un 20% de participación para las comunidades locales en proyectos renovables mayores a 2 MW, y la colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica para resolver asuntos pendientes en materia de vertidos energéticos