José Antonio Kast ha asumido la presidencia de Chile tras imponerse en la segunda vuelta frente a Jeannette Jara, candidata del oficialismo. Líder del Partido Republicano y apoyado también por el Partido Social Cristiano, Kast llega al Palacio de La Moneda con una agenda marcada por el crecimiento económico, la seguridad y el fortalecimiento del mercado, consolidando un giro hacia la derecha en la política chilena.

Su llegada se produce en un momento crucial para Chile, que se ha posicionado como referente en energías renovables en América Latina. Más del 68?% de la electricidad del país proviene de fuentes limpias, principalmente solar y eólica, y las inversiones en el sector continúan siendo altas, reflejando un marco regulatorio que ha favorecido la innovación y la atracción de capital extranjero. Sin embargo, persisten desafíos importantes: la mayor parte del consumo energético aún depende de combustibles fósiles y el país necesita avanzar en electrificación, transmisión y almacenamiento para consolidar un sistema energético seguro, eficiente y competitivo.

En este escenario, Review Energy conversó con Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA A.G., la asociación gremial que representa a la mayoría de los actores del sector renovable en Chile. Rojas entrega su mirada sobre cómo la nueva administración podría impactar la inversión, la operación del sistema eléctrico y el desarrollo de tecnologías estratégicas como el almacenamiento de energía y el hidrógeno verde, así como los desafíos para mantener una transición energética consistente y sostenible.

Review Energy (R.E.): Con la llegada de un nuevo gobierno, ¿qué expectativas tiene ACERA respecto a la continuidad o ajustes en las políticas públicas que han impulsado el crecimiento de las energías renovables en Chile?

Ana Lía Rojas (A.R.): Desde ACERA creemos que la transición energética es el principal eje de crecimiento económico para Chile y como tal debe seguir siendo parte de los objetivos de política de Estado. Las cifras demuestran que este año, la industria energética aportó un estimado de 4.458 millones de dólares en inversión,  siendo casi el 80% IED, es decir flujos de capital que provienen del exterior a Chile. Esta cifra es el reflejo de lo construido en las últimas dos décadas: un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos de infraestructura en todos los segmentos del mercado energético, que ha permitido atraer inversión y reducir costos, y ese camino debe mantenerse.

Nuestra expectativa central es que la nueva administración asuma un desafío que va a contribuir a la competitividad del país para industrias y empresas, que es la electrificación de los consumos energéticos de Chile: si bien la generación eléctrica en base a energías renovables y almacenamiento alcanza un 68%, el peso de la electricidad en Chile es aún baja, de sólo un 23%. Los grandes consumos energéticos de Chile aún se basan en combustibles fósiles, llegando a un 63% de este total. Por tanto, se debe profundizar la electrificación, con mejoras en la operación del sistema, fortalecimiento de la transmisión y señales claras para que el sector privado elija el reemplazo de combustibles fósiles, reduciendo la dependencia de importaciones que hoy nos cuestan en promedio, 4 puntos del PIB de Chile, es decir cerca de USD 15.000 millones anuales.

R.E.: Chile ha sido un referente en atracción de inversión para energías renovables. ¿Cómo cree ACERA que el cambio de gobierno podría influir en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales?

A.R.: La confianza de los inversionistas está intrínsecamente ligada a la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria. Chile es hoy un referente porque ha sabido mantener reglas claras. Para que esta confianza se mantenga e incremente, es fundamental que el nuevo gobierno mantenga señales de coherencia regulatoria y de mercado, especialmente para incentivar la expansión de la transmisión y que los clientes adopten soluciones basadas en consumos eléctricos.

El sector renovable es el motor de inversión más dinámico del país; si la administración asegura que los proyectos se desarrollen sin cambios en los regímenes tarifarios, y se gestionen adecuadamente los niveles críticos de vertimientos que hemos visto recientemente (25% en noviembre), el capital seguirá fluyendo hacia Chile como un destino seguro para la descarbonización.

Un cambio de gobierno siempre genera expectativas, pero lo fundamental es el compromiso con reglas claras, procesos regulatorios predecibles y un diálogo técnico permanente con la industria. En la medida en que esas condiciones se mantengan, nuestro país seguirá siendo un destino competitivo para la inversión en energías renovables, almacenamiento y nuevas tecnologías. Aún así, Chile debe enviar señales claras para los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, ya que hay varios países que compiten como destino de inversiones.

En la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, mercados como Paraguay, Argentina, Colombia y Brasil se alzan como competidores de Chile, para destino de inversiones relacionadas con data centers, almacenamiento de energía y la instalación de economías de servicios digitales, que finalmente se traducen en una demanda de energía eléctrica relevante.

R.E.: El almacenamiento de energía y el hidrógeno verde son tendencias clave. ¿Cómo cree ACERA que el nuevo gobierno podría impulsar estas tecnologías en Chile?

A.R.: El impulso debe pasar de los anuncios a la operatividad técnica. En almacenamiento, ya tenemos 1,4 GW en operación y representa el 45% de la inversión en construcción, pero falta perfeccionar la implementación de su operación, con señales económicas que remuneren adecuadamente la flexibilidad y suficiencia que cualquier sistema de almacenamiento entregue.

Desde ACERA creemos que el principal aporte de un nuevo gobierno debiese ser avanzar en marcos regulatorios claros y funcionales, particularmente en el segmento de la distribución, las distintas tecnologías que aporten flexibilidad y el almacenamiento. Hay  señales económicas y regulatorias que se requieren para el escalamiento y masificación de tecnologías que aporten a tributos de flexibilidad,  especialmente. Eso, además de la implementación de las reglas de operación del almacenamiento que contiene las últimas modificaciones del DS 125.

En el caso del hidrógeno verde, será clave mantener una visión de largo plazo, con foco en habilitantes como permisos, infraestructura, transmisión y articulación público-privada, más que en anuncios de corto plazo. Ambas tecnologías requieren consistencia, coordinación  y una mirada sistémica del desarrollo energético y recordar que un kilo de hidrógeno verde competitivo, tanto para demanda local como para exportación, requiere de precios de energía eléctrica competitivos, y eso es una condición primaria sine que non que debemos atender, incluso para proyectos de hidrógeno verde off-grid.

R.E.: ¿Qué desafíos prevé que podrían surgir bajo la administración de José Antonio Kast?

A.R.: El principal desafío será compatibilizar una agenda pro-crecimiento económico con la operación segura y resiliente de un sistema eléctrico cada vez más renovable. El crecimiento del país hoy depende de energía limpia, barata y local. Será crítico evitar cualquier señal de incertidumbre que ralentice la inversión en un momento donde el sistema ya enfrenta congestión y la urgencia de incorporar más transmisión, almacenamiento a gran escala y electrificación de los consumos.

Adicionalmente, el desafío para el gobierno electo no es solo con qué tecnologías crece la capacidad instalada a propósito del crecimiento de la demanda, que insistimos se debe incentivar, sino con qué institucionalidad y reglas de gobernanza  de estas instituciones, se sostiene una transición que sea eficiente para el bolsillo de los ciudadanos y soberana para la seguridad energética de Chile. Esto también es una reforma entonces que se suma a la de la distribución y a la del mercado mayorista. En este sentido, debemos ser conscientes de que existen varias reformas “en carpeta”, en la discusión “de pasillo del sector”, pero el desafío para la autoridad política sectorial es dar la debida priorización, para determinar cuáles se podrán desarrollar y abordar en los próximos 4 años.