
Enerclub alerta que la prórroga del impuesto a las energéticas en España supondría la pérdida de inversiones millonarias
El impuesto a las energéticas en España fue creado en 2022 como una medida extraordinaria y temporal en plena crisis energética, con el objetivo de gravar los beneficios récord que estaban obteniendo las grandes compañías del sector debido al aumento de los precios de la energía.
Este tributo, con un tipo del 1,2 %, se aplica a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1,000 millones de euros en 2019, exceptuando los ingresos regulados y aquellos generados fuera de España. A lo largo de 2023 y 2024, el impuesto permitió recaudar más de 2,000 millones de euros, según datos oficiales.
El gravamen, que era de carácter extraordinario, y finalizaría el próximo 31 de diciembre de 2024, ahora se extendería por un año, de aprobarse un Decreto Ley impulsado por el Gobierno español con el apoyo de los partidos ERC, Bildu y BNG. Sin embargo, este acuerdo incluye matices y el impuesto no se aplicará de manera automática a todas las empresas del sector energético.
Estarían exentas del impuesto aquellas empresas energéticas que inviertan en descarbonización. Es decir, el gravamen se seguiría aplicando a las grandes energéticas, pero aquellas que demuestren un compromiso efectivo con proyectos relacionados con la transición energética quedarían excluidas de este tributo. Así lo pactó el ejecutivo español con Junts y el PNV.
Respuesta de las empresas del sector
Ante la posibilidad de la extensión por un año de este impuesto, las grandes empresas no han tardado en responder. En una acción conjunta sin precedentes, el Club Español de la Energía (Enerclub), compuesto por compañías como Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Repsol, Moeve (antes, Cepsa), BP y TotalEnergies emitió un comunicado conjunto amenazando con paralizar inversiones valoradas en hasta 30,000 millones de euros para los próximos tres años si se mantiene el gravamen más allá del 31 de diciembre.
Según el comunicado, el impuesto sobre el sector energético tendrá un impacto directo y negativo en las inversiones, la competitividad, los puestos de trabajo, y la lucha contra el cambio climático.
Enerclub sostiene que para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, que proyecta un incremento del PIB del 3,2 % y la creación de 560,000 empleos, se necesitan inversiones por 308.000 millones de euros, el 82% de las cuales deben provenir del sector privado, en un entorno normativo, fiscal y regulatorio estable que fomente la confianza y competitividad internacional.
En lo referente la competencia internacional para atracción de inversiones, las empresas destacan que es fundamental fomentar la competitividad, y establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia España.
La extensión del impuesto a las energéticas en España sigue generando debate y no se ha aprobado aún de manera definitiva. Aunque el Gobierno ha acordado con algunos socios, como ERC, EH Bildu y BNG, prorrogar el impuesto mediante un decreto ley, este aún deberá ser convalidado por el Congreso.
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