El Gobierno nacional de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ha anunciado los resultados de la última subasta de expansión energética, un mecanismo clave para garantizar la cobertura futura de demanda eléctrica en el país.

El proceso ha permitido la adjudicación de 4.069,7 MW de nueva capacidad para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una inversión estimada de alrededor de 16 billones de pesos colombianos. En total, cerca de 15 nuevos proyectos de generación, además de una planta existente con ampliaciones, entrarán en operación entre diciembre de 2029 y noviembre de 2030. 

Sin embargo, el horizonte de largo plazo de esta subasta contrasta con la coyuntura actual de estrés del sistema eléctrico, especialmente en escenarios asociados al fenómeno de El Niño, lo que reabre el debate sobre la seguridad energética en el corto y medio plazo.

En este contexto, en Review Energy hablamos con el abogado Hemberth Suárez Lozano, de OGE Energy, para analizar el alcance real de la subasta, sus implicaciones regulatorias y los desafíos que aún persisten para su implementación efectiva.

Sobre la magnitud de la inversión anunciada, Suárez Lozano señala que el monto es una señal relevante de confianza en el mercado eléctrico colombiano. Sin embargo, matiza que este tipo de compromisos económicos, por sí solos, no garantizan la seguridad energética del sistema, sino que deben entenderse como un indicador positivo dentro de un marco más amplio de condiciones técnicas, regulatorias y de ejecución.

En relación con la capacidad de la subasta para mitigar riesgos de desabastecimiento o incluso de apagones, el abogado es claro al subrayar que no se trata de una solución inmediata. Explica que el fenómeno de El Niño ya está presente y que los proyectos adjudicados en este proceso están previstos para entrar en operación entre 2029 y 2030, por lo que su impacto no se materializa en el corto plazo.

Respecto a los desafíos pendientes, Suárez Lozano identifica tres grandes áreas de actuación. En primer lugar, la conexión de proyectos, donde considera necesario reforzar la capacidad institucional de la Unidad de Planeación Minero Energética para agilizar la gestión de solicitudes vinculadas a obligaciones del sistema y trámites ambientales ya cumplidos.

En segundo término, advierte sobre la expansión en transmisión eléctrica , señalando que la subasta asigna compromisos de generación futura, pero no resuelve automáticamente la capacidad de transporte de esa energía.

Finalmente, pone el foco en el cierre financiero, y destaca que el?reto será que estos nuevos proyectos adjudicados obtengan financiación, que se cumplan los “covenant” y se materialicen los recursos en beneficio de los nuevos proyectos. 

Desde una perspectiva regulatoria, el abogado considera que la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad ha sido exitosa en términos de cobertura de demanda, participación tecnológica y diseño de señales económicas diferenciadas según costos variables. No obstante, advierte que persisten retos jurídicos y sociales relevantes. 

“Las OEF son compromisos jurídicamente exigibles. Pero, cuando el desarrollador asume riesgos que exceden su control efectivo, la bancabilidad jurídica puede deteriorarse. El inversionista quiere certeza por ello la subasta envió un mensaje positivo: Colombia continúa usando mecanismos competitivos y de largo plazo. Pero el siguiente reto será demostrar que las reglas permanecerán estables durante el ciclo completo de inversión, construcción y operación”, comentó el abogado. 

En cuanto al interés del capital en el sector renovable colombiano, concluye que el apetito inversor se mantiene, aunque cada vez se exige una estructura financiera más sofisticada, ya que la experiencia ha demostrado que la generación renovable no garantiza por sí sola la bancabilidad ni el cierre financiero de los proyectos.