7 junio 2023
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España acelera la adenda al Plan de Recuperación con nuevas medidas energéticas
El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación para su remisión a la Comisión Europea en los próximos días. La adenda incluye inversiones y reformas adicionales dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, las inversiones sostenibles de las empresas y el parque de vivienda para alquiler.
A través de las inversiones previstas se canalizarán a las empresas y a la economía española un total de 7.700 millones de transferencias adicionales, más 2.644 millones a través del programa REpowerEU y hasta 84.000 millones en préstamos, que permitirán establecer una red de seguridad y prolongar el actual ciclo de inversión en los próximos años. En total, el Plan de Recuperación puede llegar a movilizar 160.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unirán a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.
Los 10.300 millones de las transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 12 PERTEs que ya están en marcha. En total se dotará a los PERTEs con casi 30.000 millones de recursos adicionales, provenientes de las transferencias, los préstamos y el programa RepowerEU, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos, participación en proyectos europeos y realizar inversiones adicionales.
De ese total, el PERTE para la descarbonización industrial y la transformación de la industria electro y gas intensiva recibirá 2.720 millones de euros entre transferencias y préstamos. Asimismo, se dotará el PERTE Chip (para impulsar la industria de semiconductores y microprocesadores) con casi 12.000 millones de euros y se aumentarán los recursos para el PERTE dedicado a Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (ERHA) con casi 5.500 millones de euros adicionales.
El Gobierno también destacó, entre las novedades, el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas. Estas inversiones se realizarán en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.
Su gestión, en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), permitirá aprovechar la experiencia y conocimiento de la institución europea en la financiación de inversiones de las Comunidades Autónomas, así como ampliar la capacidad financiera gracias a la cofinanciación de proyectos. Con este fondo, se traslada a los proyectos en las Comunidades Autónomas las condiciones favorables de los préstamos, manteniéndose también el enfoque de cogobernanza en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación.
Por su parte las empresas dispondrán de 22.500 millones de financiación para la realización de sus proyectos, especialmente en inversiones sostenibles, a través de los diferentes fondos que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En concreto, el ICO pondrá en marcha la Línea ICO-Verde, dotada con 15.500 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas públicas y privadas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la economía circular o la renovación de buques. La canalización de estos fondos se realizará a través de diferentes instrumentos financieros y en colaboración con las entidades financieras.
Finalmente, con la ampliación de incentivos fiscales e inversiones sociales, el Gobierno anunció la creación de un fondo específico dotado con 2.250 millones de euros para financiar la bonificación fiscal de las inversiones de familias y empresas en transición energética. Este fondo permitirá ampliar los plazos de las deducciones fiscales en el caso de la rehabilitación de viviendas que, en el caso de las residenciales llegarán hasta 2024, en lugar de finalizar en 2023, como estaba previsto.
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