El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado 20 millones de euros a 11 proyectos destinados a sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables en plantas de cogeneración. La financiación procede de los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la segunda convocatoria del programa RENOCOGEN 2.

Según la resolución definitiva publicada este 1 de julio, la iniciativa busca reforzar la autonomía estratégica y energética del sistema industrial español, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir los costes energéticos de la industria.

Los proyectos seleccionados permitirán instalar 21,3 MW de potencia eléctrica renovable y 17,3 MW de potencia térmica, además de generar un ahorro estimado de más de 34 millones de euros para el sistema eléctrico. El MITECO señala que esta cifra equivale a una rentabilidad de 1,7 euros de ahorro por cada euro de ayuda concedido.

Predominio de la energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica será la tecnología predominante en esta convocatoria, ya que estará presente en ocho de los once proyectos aprobados. Otros dos utilizarán biomasa, mientras que el restante combinará fotovoltaica e hidrotermia para reemplazar el consumo de combustibles fósiles en los procesos industriales.

Por comunidades autónomas, Navarra concentra el mayor número de iniciativas seleccionadas, con tres proyectos, seguida de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco, con un proyecto cada una.

Las actuaciones abarcan diferentes sectores industriales, entre ellos la industria papelera, la fabricación de pieles y curtidos, la industria ladrillera, la alimentación, el tratamiento de residuos, la minería y la ganadería.

El Ministerio destaca que, además del impacto energético, los proyectos contribuirán a reducir las emisiones de CO? y a generar beneficios económicos y de empleo en los territorios donde se desarrollarán. Estas inversiones se enmarcan en los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla el avance de la descarbonización de la economía española antes de 2030.