El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, una norma que permitirá movilizar 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030 para reforzar estas infraestructuras clave para la electrificación de la economía.

La medida busca adaptar el sistema eléctrico español al crecimiento de la demanda de electricidad y al aumento de solicitudes de acceso a la red por parte de nuevos consumidores, entre ellos proyectos industriales, viviendas, instalaciones vinculadas a la descarbonización del transporte y nuevas iniciativas energéticas.

Con esta actualización, el Gobierno pretende superar las limitaciones actuales de inversión y acelerar el desarrollo de unas redes más preparadas para acompañar la transición energética, mejorar la seguridad del suministro y facilitar la integración de nuevos usos eléctricos.

Más de 35.000 millones de inversión hasta 2030

El nuevo marco establece una senda creciente de inversión adicional en las redes eléctricas durante los próximos años.

En las redes de distribución, se podrán invertir hasta 10.200 millones de euros adicionales, repartidos entre 2027 y 2030: 1.020 millones de euros en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030.

En las redes de transporte, se podrán invertir hasta 7.700 millones de euros adicionales, en función de la Planificación eléctrica que finalmente apruebe el Gobierno. Esta cantidad se distribuirá en 700 millones de euros en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.

Sumando estas inversiones adicionales a las inversiones permanentes dentro de los límites actuales del sistema eléctrico, el desembolso total en redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones de euros hasta final de década.

Según el Ejecutivo, estas inversiones tendrán un efecto tractor sobre la economía y la conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, reduciendo los peajes asociados a las facturas finales de los consumidores.

Destino de las inversiones adicionales en distribución

El Real Decreto establece las categorías a las que podrán destinarse las inversiones adicionales en las redes de distribución.

Entre ellas se incluyen las demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte.

Además, hasta un 20% de las inversiones incrementales podrá dirigirse a actuaciones de control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad, con el objetivo de aumentar la visibilidad y transparencia de los datos, además de reforzar la seguridad del sistema.

Otro 20% podrá destinarse a inversiones anticipatorias, aquellas en las que la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, pero que permitirán habilitar conexiones en zonas sin redes suficientes o con redes saturadas y que puedan generar un efecto dinamizador de la demanda.

Asimismo, hasta un 10% podrá dedicarse a la adaptación de líneas a la normativa de protección de la avifauna y otro 10% a actuaciones de resiliencia climática y respuesta ante fenómenos naturales adversos.

La norma también favorece que los gestores de las redes puedan adquirir líneas privadas existentes, como infraestructuras de evacuación de generación, e incorporarlas al sistema en lugar de desarrollar nuevas líneas.

Más transparencia y control en los planes de inversión

El nuevo Real Decreto establece los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las redes eléctricas con el objetivo de incrementar la transparencia y el control sobre el proceso inversor y reducir la incertidumbre sobre su ejecución.

En el caso de las redes de transporte, se mantiene en términos generales el sistema vigente de planificación. Para las redes de distribución, la norma introduce nuevos mecanismos de participación y seguimiento.

Las compañías distribuidoras deberán someter sus planes de inversión a consulta previa, permitiendo que agentes y administraciones puedan presentar sus propuestas. Estos planes serán públicos y accesibles por Internet, e incluirán información sobre cómo se han considerado las aportaciones recibidas.

Además, las empresas deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido, que también serán públicos y estarán disponibles en la web.

El decreto incorpora finalmente un sistema de penalizaciones para garantizar que las inversiones se ajusten a lo previsto, mediante la reducción del límite futuro de inversión de aquellas compañías que realicen de forma reiterada menos o más desembolsos de los planificados.