El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que declara instalaciones energéticas estratégicas los proyectos de generación renovable y almacenamiento energético adjudicatarios de los procedimientos de concesión de capacidad de acceso en los nudos de transición justa, una medida con la que el Gobierno busca acelerar el desarrollo de iniciativas vinculadas al cierre de centrales térmicas y nucleares.

La decisión, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) e impulsada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), concede a estos proyectos la consideración de proyectos energéticos preferentes, lo que implica una tramitación administrativa urgente y una atención prioritaria por parte de las administraciones competentes.

Esta declaración permitirá agilizar los procedimientos de autorización, la evaluación de impacto ambiental, las resoluciones administrativas y los recursos asociados a los proyectos, aunque el Ejecutivo subraya que no modifica las exigencias sustantivas ni reduce las garantías ambientales. En consecuencia, las iniciativas seguirán sujetas a la evaluación de impacto ambiental y al resto de controles establecidos por la normativa vigente.

Impulso a la transición justa

Los proyectos beneficiados corresponden a los procedimientos de acceso a la red desarrollados en los nudos de transición justa, un mecanismo creado para facilitar el reemplazo de la capacidad de generación de las centrales térmicas y nucleares que han cesado su actividad.

A diferencia del régimen general de acceso a la red, estos procedimientos no solo valoran criterios técnicos, sino también el impacto socioeconómico de las iniciativas, priorizando aquellas que incorporan compromisos de creación de empleo, formación y desarrollo económico en los territorios afectados por el cierre de las centrales.

Entre los nudos donde ya se han desarrollado estos procedimientos se encuentran Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV, cuyos proyectos podrán acogerse a esta declaración.

Según el Gobierno, la medida contribuirá a un uso más eficiente de la red eléctrica, facilitará el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y reforzará la seguridad de suministro, al tiempo que favorecerá la reactivación económica y social de las zonas afectadas por el cierre de instalaciones de generación convencional.