La línea de transmisión Kimal–Lo Aguirre, que transportará energía renovable desde el norte hacia la zona central en Chile, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), marcando un hito para el sistema eléctrico y para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el país.

Con una inversión estimada de US$1.500 millones y la creación de alrededor de 6.200 empleos durante su construcción, el proyecto se convierte además en la iniciativa más extensa evaluada en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El anuncio fue realizado en Santiago, donde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió con el gerente general de Conexión Kimal–Lo Aguirre, Sebastián Fernández; la directora del SEA, Valentina Durán; y el biministro de Energía y Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García. La aprobación consolida un año excepcional para el país, que alcanzó un total de US$34.337 millones en inversiones evaluadas ambientalmente, superando el récord previo de 2013.

En 2025, los sectores con mayor inversión aprobada corresponden a Energía (US$15.750 millones), Minería (US$8.957 millones) e Inmobiliario (US$3.290 millones), reflejando un dinamismo transversal en áreas clave para el crecimiento económico. “Lo que nos convoca hoy es una muy buena noticia para el país”, señaló el ministro Grau, quien destacó que el proyecto permitirá transportar energía limpia desde el norte hacia el centro, reducir los costos eléctricos y avanzar hacia la meta de carbono neutralidad al 2050.

Por su parte, el gerente general de Conexión Kimal–Lo Aguirre, Sebastián Fernández, enfatizó la relevancia del avance regulatorio: “La aprobación ambiental de Kimal–Lo Aguirre, un proyecto clave para la transición energética, es una muy buena noticia especialmente en el marco de la COP 30, que llama a la urgencia de la acción”. Añadió que la RCA permitirá iniciar la construcción durante este mismo año y fortalecer un sistema de transmisión más robusto y resiliente.

La directora del SEA, Valentina Durán, destacó el trabajo técnico detrás del proceso, que implicó una reducción del 30% en los plazos respecto al promedio de 2025. También subrayó que este año se alcanzó el mayor monto de inversión aprobado en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “Son proyectos que demuestran anticipadamente el cumplimiento de su normativa ambiental y nos permiten avanzar hacia un desarrollo sostenible, haciéndonos cargo de la crisis ambiental”, afirmó.

En la misma línea, el biministro Álvaro García añadió que la aprobación representa “una gran noticia económica, social y ambiental para Chile”. Destacó que el proyecto contribuirá a un sistema más seguro y eficiente, permitirá reducir la huella de carbono y abaratará los costos de la energía para los hogares una vez que esté en operación.

Un proyecto de escala nacional y participación inédita

Kimal–Lo Aguirre contempla la construcción de una línea de transmisión de alta tensión que conectará Mejillones, en la Región de Antofagasta, con Lo Aguirre, en Pudahuel. Con 1.346 kilómetros de extensión, atravesará cinco regiones y 28 comunas, convirtiéndose en la línea más extensa evaluada por el SEA.

El proceso de evaluación ambiental se realizó bajo estándares reforzados, con un equipo dedicado de 20 profesionales del SEA y otros 20 vinculados a procesos de participación ciudadana. El Estudio de Impacto Ambiental se tramitó en 735 días, un 30% menos que el promedio de este año.

El proyecto registró una de las participaciones ciudadanas más amplias del sistema: más de 183 actividades en 32 comunas, 2.200 participantes y 16.700 observaciones. A esto se sumó un proceso de consulta indígena que se extendió por 504 días.

Kimal–Lo Aguirre culminó con 103 compromisos ambientales y 32 medidas de mitigación, compensación y recuperación, que incluyen ajustes de trazado para proteger biodiversidad, comunidades y sitios de relevancia cultural. Además, se evaluaron tres variantes —Huasco, Elqui y Catemu— para reducir impactos y facilitar la ejecución de las obras.

La tramitación involucró a 117 organismos del Estado e incorporó innovaciones en automatización y coordinación interinstitucional, consolidando así uno de los procesos más complejos y robustos del sistema ambiental chileno.