El Gobierno de Argentina oficializó una ambiciosa reforma del sector eléctrico argentino a través del Decreto 450/2025, que aprueba modificaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico). La medida establece las bases jurídicas para una transformación integral del sistema, con eje en la libertad de mercado, la competencia y el protagonismo del sector privado.

La iniciativa se enmarca dentro del artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y tiene como objetivo principal modernizar y normalizar por completo el funcionamiento del mercado eléctrico. Tras dos décadas de un modelo estatal calificado como “ineficiente, manipulado y cerrado”, que implicó un gasto superior a los 105.000 millones de dólares, el Gobierno propone una nueva etapa orientada a la eficiencia, la inversión y la previsibilidad.

Entre los principales cambios que introduce el decreto se destacan:

• Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, bajo reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá intervenir por razones técnicas o de seguridad del suministro.

• Reactivación de los contratos de compraventa entre privados, revirtiendo las restricciones impuestas en 2013, con el fin de fomentar el abastecimiento estable y la inversión a largo plazo.

• Libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, eliminando barreras regulatorias u operativas que limiten esa posibilidad.

• Transparencia en la facturación eléctrica, mediante mecanismos que impidan incluir en la factura tributos locales o cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente prestados.

• Fomento de la inversión privada en transporte eléctrico, habilitando iniciativas a riesgo propio y ampliando las alternativas para el desarrollo de infraestructura.

El decreto también establece un período de transición de 24 meses, durante el cual se deberá adaptar toda la normativa complementaria. La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de coordinar este proceso, asegurando una implementación gradual, ordenada y previsible.

Con esta reforma, el Gobierno afirma que busca devolverle al sector eléctrico su “verdadera esencia”: una industria basada en señales de mercado, autosuficiencia financiera, competencia abierta y libertad de elección para los consumidores.