Los conflictos no gestionados entre empresas y comunidades locales están emergiendo como un riesgo material para el sector de las energías renovables, aunque en gran medida permanecen ocultos y fuera de los sistemas de decisión. Así lo advierte un nuevo informe publicado por el Institute for Human Rights and Business (IHRB), que alerta sobre su impacto en costes, plazos y viabilidad de los proyectos.

El informe, titulado The Hidden Bill of Green Conflict: Derisking Renewable Energy by Strengthening Community Trust, se basa en dos años de investigación y en más de 60 entrevistas con empresas, inversores, asesores legales y organizaciones de la sociedad civil.

Sus conclusiones apuntan a que los conflictos comunidad-empresa se están convirtiendo en una limitación relevante —aunque poco visible— para el despliegue de energías renovables en un contexto de creciente demanda global y presión por la seguridad energética.

Uno de los principales hallazgos es que los costes asociados a estos conflictos son significativos, pero permanecen fragmentados y difícilmente rastreables. Según el análisis, estos costes suelen dispersarse entre distintas fases del proyecto y áreas de la empresa —como legal u operaciones— sin una visión agregada que permita dimensionar su impacto real. A nivel de proyecto, además, los conflictos se registran, pero rara vez se vinculan a los resultados financieros.

El informe recoge ejemplos concretos del impacto económico de estos conflictos. En un caso documentado, un desarrollador cuantificó pérdidas de hasta 200 millones de dólares, junto con 3,3 GW de capacidad eléctrica no desarrollada y más de 4.000 millones de dólares en inversiones potenciales perdidas a lo largo de una década. Estos datos sugieren que lo que a menudo se considera un problema puntual puede escalar hasta convertirse en un riesgo a nivel de cartera.

El IHRB también subraya que estos costes no suelen conectarse con sus causas sociales de origen. Entre los factores identificados se encuentran el tamaño y la proximidad de los proyectos, los impactos sobre el uso del suelo y los medios de vida, los riesgos para el patrimonio cultural, la degradación ambiental y las disputas sobre derechos de tierra y consentimiento.

En este contexto, el informe advierte que el carácter “verde” de los proyectos no garantiza por sí mismo la aceptación social. Asegurar una licencia social para operar —basada en la confianza, la participación y una distribución equitativa de beneficios— se perfila como un elemento central para la viabilidad de los proyectos y como una cuestión de gobernanza empresarial.

¿Cómo gestionarlos?

El análisis también apunta a que la integración temprana de la confianza comunitaria en el ciclo de vida de los proyectos puede generar beneficios operativos.Según los testimonios recogidos, los proyectos que priorizan este enfoque tienden a registrar menor volatilidad, plazos de ejecución más rápidos y una mayor resiliencia de los activos a largo plazo.

Como parte de sus conclusiones, el informe propone varias líneas de actuación para el sector. Entre ellas, la identificación temprana de riesgos sociales en el diseño de los proyectos, el desarrollo de sistemas de gobernanza de relaciones con comunidades, la medición sistemática de los costes asociados al conflicto y la incorporación de mecanismos de reparto de beneficios que generen valor para las comunidades locales.

Según el IHRB, en un entorno cada vez más competitivo y con mayor presión para acelerar la transición energética, la gestión del riesgo social será un factor determinante para garantizar tanto la ejecución de los proyectos como la protección de las inversiones.