El anuncio del Gobierno Colombiano sobre su intención de implementar 6 GW de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para 2026 es una medida ambiciosa, sin embargo, parece enfrentar diversas barreras en su ejecución. Retos como la implementación de políticas efectivas, la superación de obstáculos regulatorios y administrativos, así como la necesidad de abordar los problemas de infraestructura y logística que suelen surgir en proyectos de esta envergadura todavía necesitan encontrar soluciones efectivas.

Así lo revelaron diferentes líderes de la industria renovable durante la segunda sesión de la Comisión Accidental de Seguimiento a los Proyectos de Generación de ERNC llevada a cabo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, del Congreso de La República. Allí se reunieron para pedir al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, celeridad en el proceso de transición energética en Colombia.

Pero fue durante la apertura de la jornada que el ministro hizo hincapié en que "la transición energética justa es una necesidad compartida, aunque existan divergencias en su aplicación. Mientras algunos países carecen de consenso, en nuestro caso, sí lo tenemos, lo que nos permite avanzar hacia esa meta".

Y con un pie de realidad en la tierra, Camacho destacó que desde la implementación de la Ley 1715 de 2014, orientada a fomentar el desarrollo y uso de ERNC, "la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética no ha alcanzado un crecimiento significativo, limitándose a menos del 2%".

El funcionario afirmó que dos elementos clave de esta ley que han impulsado las energías renovables en el país durante la última década, pero no han sido suficientes. El primero, los incentivos fiscales, aunque encontraron obstáculos prácticos, no fueron lo suficientemente robustos.

El segundo, explicó, es el establecimiento de subastas, “en el que también se enfrentaron desafíos de implementación, como consultas previas y licencias ambientales, además de problemas en la infraestructura de red".

Por lo mismo, Camacho reconoció la importancia de aprender de los aciertos y desaciertos en este proceso. "Hemos trabajado para apoyar y rescatar la mayor cantidad de proyectos posibles. Se ha brindado un acompañamiento integral y se han implementado medidas institucionales para asegurar que los proyectos con dificultades no se detengan", dijo.

Además, el ministro reconoció la necesidad de un mayor respaldo gubernamental a las empresas involucradas y mencionó los esfuerzos para agilizar los procesos de licenciamiento ambiental en colaboración con el Ministerio de Ambiente.

"Es crucial que el gobierno cuente con una base ambiental sólida al solicitar estudios de impacto ambiental a las empresas y que se construya confianza con las comunidades", subrayó Camacho. "Buscamos una mayor integración con las entidades públicas para asegurar el avance adecuado de los proyectos".

Articulación institucional: más pronto que tarde

Fue precisamente la articulación de todos los entes que hacen parte de la transición energética la que dio paso al llamado de Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Correa, quien compartió su perspectiva sobre la meta de los 6 GW renovables establecidos para 2026, destacó la iniciativa del "Plan Estallido 6 GW" que ha implementado la UPME desde principios de año. Pero subrayó la importancia de una articulación eficiente entre diversas partes interesadas y empresas para alcanzar estos objetivos, afirmando: "Si queremos este objetivo, tenemos que hacer mucho más de lo que está escrito".

El director de la UPME explicó las categorías que han identificado para evaluar el estado y avance de los proyectos, haciendo énfasis en la colaboración continua a través de mesas de trabajo con corporaciones, ministerios y otros actores involucrados en este proceso.

Finalmente, Correa también enfatizó en que la transición energética no se limita a La Guajira, sino que otras regiones como el Eje Cafetero, Tolima y Córdoba también juegan un papel crucial en este proceso.

Angustia del sector privado

Durante la jornada, las voces del sector privado también hicieron eco. Así lo puso en evidencia Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia. Desde la institución, que está en contacto directo con las compañías que ya están presentes en el país y muchas otras que tienen deseos de invertir en el territorio nacional, se habló de diferentes barreras que todavía están truncando el proceso de transición energética en Colombia.

Hernández destacó tres áreas críticas en las cuales se deben enfocar los esfuerzos. En primer lugar, instó a trabajar conjuntamente con la UPME para estructurar normas de seguimiento a las conexiones, señalando la necesidad de un reajuste estructural en la resolución CREG 075 para simplificar procesos y acelerar el trabajo de la UPME.

En segundo lugar, resaltó que la Ley 1715 impulsó la entrada de las renovables mediante subastas y mecanismos tributarios, pero aún no han despegado debido a la falta de cierre económico en proyectos, lo que disminuye su rentabilidad. Subrayó la importancia de encontrar mecanismos de comercialización viables para estos proyectos.

Por último, la presidenta ejecutiva de SER Colombia hizo hincapié en la necesidad de desarrollar marcos regulatorios para la generación distribuida y Comunidades Energéticas, invitando al sector privado a ser parte de esta transformación y subrayando la importancia de un esquema sostenible de prestación de servicios para asegurar la continuidad de estos servicios a largo plazo.

Las casi dos horas de debate que alimentaron la segunda sesión de la Comisión Accidental también dieron la oportunidad a las compañías a exponer sus preocupaciones. Según Carlos Alberto Solano, líder de asuntos regulatorios de Celsia, hay una urgente necesidad de una Ley de reglamentación de consultas previas que defina límites temporales y costos claros.

Solano pidió al ministro de Minas y Energía agilizar y simplificar los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos renovables. Destacó la necesidad de un respaldo público que asegure seguridad ante bloqueos y amenazas, enfatizando que la confianza es fundamental para estabilizar el sector. Por último, enfocó la importancia de una institucionalidad sólida, destacando el papel clave de la CREG como entidad con independencia técnica.

Por su parte, la experta en regulación de Enel Colombia, Bibiana Cuartas, resaltó que la regulación actual está obstaculizando la operación comercial de los proyectos, ya que enfrentan dificultades técnicas durante las pruebas. Matizó la importancia de revisar las normativas para permitir que los proyectos entren en operación comercial y propone que la verificación de la capacidad efectiva neta se realice una vez que el proyecto esté operativo.

"Si lo que buscamos es celeridad en la transición energética, es importante que no se envíen señales de no remuneración de energía que pueden entregar los proyectos en etapa de prueba", dijo Cuartas.

Además, expuso preocupaciones sobre el proceso de liquidación, mencionando problemas con las desviaciones y la posibilidad de que el costo liquidado a las ERNC sea desproporcionadamente alto en comparación con su impacto en el sistema.

A cierre de la jornada, y con respecto a la angustia del sector sobre los trámites ambientales, Ana María Llorente, Subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), buscó enfatizar en la desmitificación de la percepción de que, como institución, constituyen una barrera para la transición energética.

Llorente destacó que, hasta la fecha, la ANLA ha gestionado 43 procesos relacionados con proyectos de transición energética, incluyendo parques eólicos, solares y líneas de transmisión. En el período entre 2018 y 2023, han otorgado 36 nuevas licencias, seis para parques eólicos, 17 para parques solares y 13 para líneas de transmisión. Además, señaló que actualmente hay 9 trámites en evaluación, con tres líneas de transmisión, un parque eólico y cinco parques solares, junto con tres procesos archivados. Llorente también mencionó cifras significativas de desistimientos debido al incumplimiento de los requisitos ambientales, pero resaltó el compromiso de trabajar en procesos que aceleren los trámites de manera responsable y equitativa.