El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la robustez del sistema eléctrico, cumpliendo así el compromiso adquirido tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha comparecido para explicar el contenido del nuevo marco normativo, que se articula en tres bloques: refuerzo de la supervisión técnica, impulso al almacenamiento y la flexibilidad, y aceleración de la electrificación.

1. Refuerzo de la supervisión y control del sistema eléctrico

El primer bloque de medidas del Real Decreto-ley se centra en reforzar la supervisión de los operadores del sistema eléctrico, mejorar los mecanismos de control de tensión y amortiguación de oscilaciones, elementos clave para evitar situaciones como la que provocó el apagón eléctrico del pasado 28 de abril. Según ha detallado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, esta área responde a una “causa multifactorial”, donde si bien existían los recursos técnicos necesarios para mantener la estabilidad, no se utilizaron correctamente o no se activaron en la magnitud requerida.

Nuevas funciones para la CNMC y el operador del sistema

El decreto establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá, en un plazo de seis meses, elaborar un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los operadores con funciones asignadas. A partir de entonces, se emitirán actualizaciones trimestrales.

Asimismo, en un plazo de doce meses se ejecutará un plan de inspección integral sobre las capacidades de reposición del sistema eléctrico en todo el territorio nacional. Aunque la reposición tras el apagón fue calificada como ágil y efectiva por organismos internacionales, el Gobierno apuesta por fortalecer estos protocolos y verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos críticos.

Plan técnico de actuación regulatoria

El operador del sistema (REE) dispondrá de 15 meses para elaborar, con periodicidad trimestral, un conjunto de propuestas de regulación técnica en aspectos clave del funcionamiento del sistema eléctrico. Entre las áreas que se desarrollarán están:

• La instalación y correcta configuración de sistemas de estabilización (PSS y POD), que deberán estar identificadas en tres meses.

• La regulación de los márgenes de variación de tensión, con un plazo de seis meses.

• La programación de restricciones técnicas para introducir soluciones tecnológicas emergentes, en un plazo de doce meses.

Cada una de estas propuestas deberá ser analizada por las autoridades competentes, que tendrán seis meses adicionales para adoptar las disposiciones necesarias.

Revisión de planificación y tecnología de red

Uno de los aspectos más innovadores del bloque es la habilitación de modificaciones puntuales en la planificación eléctrica vigente (2021-2026), con el fin exclusivo de mejorar la calidad técnica de la red, más allá de la expansión de generación o consumo. Esto permitirá acelerar la integración de tecnologías clave como los compensadores síncronos y los sistemas FACTS (Flexible AC Transmission Systems), esenciales para el control de tensión en la red.

Redes mancomunadas: claridad en las responsabilidades

Por último, se regula por primera vez la asignación clara de responsabilidades en las infraestructuras de evacuación compartida (redes mancomunadas), un paso crucial para asegurar la transparencia, trazabilidad y funcionamiento eficiente de las conexiones entre plantas generadoras y la red de transporte. Esta medida busca reducir conflictos entre agentes y garantizar el uso ordenado de estas infraestructuras estratégicas.

2. Almacenamiento y flexibilidad: claves para la resiliencia

La normativa incorpora medidas innovadoras para acelerar la tramitación de instalaciones de almacenamiento, superando cuellos de botella y priorizando la integración de estas soluciones en entornos ya antropizados, como parques renovables existentes. Este modelo de hibridación, que permite instalar baterías junto a plantas solares o eólicas ya operativas, extiende las ventajas de las energías limpias a más franjas horarias, sin añadir presión ambiental.

Además, el texto normativo refuerza la prioridad de despacho para tecnologías que integren almacenamiento, como es el caso de la energía termosolar, valorando así su capacidad para gestionar la producción renovable con mayor estabilidad.

Estas medidas se suman al paquete de ayudas recientemente aprobado por el Gobierno, dotado con 700 millones de euros para instalaciones de almacenamiento, reforzando así el compromiso con esta infraestructura clave para la transición energética.

Flexibilidad: un nuevo marco jurídico y agentes activos

El decreto también avanza en la incorporación de la flexibilidad como principio estructural del sistema eléctrico. Se trata de la capacidad del sistema para adaptar en tiempo real su oferta y demanda energética, ya sea en segundos, horas, días o ciclos estacionales.

Entre las novedades clave:

• Se incorpora al ordenamiento jurídico español el procedimiento para establecer un objetivo nacional de flexibilidad, así como el mandato a todas las instituciones competentes para promover su despliegue.

• Se regula y desarrolla la figura del agregador independiente, un agente que podrá gestionar de forma activa la demanda de energía, integrando aportaciones de consumidores, almacenamiento y generación distribuida en los distintos mercados.

• Se crea la figura del gestor del autoconsumo colectivo, una pieza clave para dinamizar el autoconsumo compartido, permitiendo representar a varios autoconsumidores, facilitar trámites y optimizar la participación de estas instalaciones en el sistema eléctrico.

3. Electrificación: motor industrial y autonomía estratégica

El tercer bloque tiene como objetivo acelerar la electrificación de la economía, un factor estratégico para reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la competitividad industrial.

Entre las novedades del decreto:

• Facilitación de la integración de nueva demanda eléctrica industrial y de transporte, así como de nueva generación renovable, favoreciendo el despliegue de proyectos de gran impacto económico y climático.

• La planificación eléctrica pasa a ser trienal, con modificaciones puntuales cada dos años, para responder con mayor agilidad a nuevas necesidades territoriales o tecnológicas.

• Lanzamiento de reuniones trilaterales (Gobierno–REE–Comunidades Autónomas) en el marco de la nueva planificación 2025–2030.

• Inversión de 931 millones de euros en la red de transporte, procedente del Componente 31 del Plan de Recuperación, para proyectos estratégicos de descarbonización industrial.

• Limitación de los permisos de conexión a cinco años, con caducidad automática en caso de no uso, y vinculación explícita del acceso a un uso final determinado, evitando la especulación.

El Real Decreto-ley aprobado hoy representa una respuesta normativa integral al apagón del pasado 28 de abril y, al mismo tiempo, una apuesta estructural por la modernización y resiliencia del sistema eléctrico español. Al actuar sobre los ejes clave de supervisión técnica, almacenamiento y electrificación, el Gobierno busca minimizar riesgos operativos, mejorar la capacidad de respuesta del sistema y facilitar la integración de nuevas demandas y tecnologías en el marco de la transición energética.