El Gobierno de Colombia ha expedido oficialmente el Decreto 1033 de 2025, que crea la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (LASolar), un nuevo instrumento regulatorio destinado a agilizar la aprobación de proyectos fotovoltaicos de entre 10 y 100 MW.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), esta medida permitirá reducir hasta en un 70% los tiempos de trámite, acelerando la llegada de nueva capacidad renovable al país sin disminuir la rigurosidad de los criterios ambientales.

El decreto hace parte de la estrategia 6GW Plus, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, que busca incorporar más de seis gigavatios de capacidad renovable al Sistema Interconectado Nacional y a las Zonas No Interconectadas.

En paralelo, la LASolar introduce por primera vez la obligación de implementar una Estrategia de Gestión Social en los proyectos, con el fin de promover el respeto por los territorios, la cultura y los derechos humanos, además de incentivar la creación de comunidades energéticas y proyectos productivos locales como medidas de compensación.

La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y directora general de la ANLA, Irene Vélez Torres, subrayó que este paso es clave para avanzar en la Transición Energética Justa, al optimizar procesos sin debilitar el cuidado de recursos hídricos y bosques. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que la medida envía “señales regulatorias claras y estables” para los inversionistas y que permitirá impulsar programas como Comunidades Energéticas y Colombia Solar, considerados ejes estratégicos del actual gobierno.

Con este instrumento, el proceso de licenciamiento arrancará desde la fase de planeación, cuando la ANLA verifique el cumplimiento de criterios de diseño optimizado y emita en un plazo máximo de 15 días los términos de referencia específicos.

Este esquema, según el Gobierno, busca no solo acelerar la incorporación de nueva capacidad renovable, sino también fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los beneficios de la transición energética se extiendan a las comunidades en los territorios donde se desarrollen los proyectos.