El gobierno de la República de Colombia dio a conocer el Documento Conpes 4075, del Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde resumen la política de estado para la transformación de la matriz energética del país. La versión fue aprobada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios del Trabajo, de Minas y Energía; de Comercio, Industria y Turismo; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Transporte y Ciencia, Tecnología e Innovación.

El plan de transición energética es, como indica el documento, “un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible, el incremento de la seguridad y confiabilidad energética” de la nación. Si bien Colombia aún depende en gran medida de la explotación de hidrocarburos y carbón, “tiene un gran potencial en energías renovables como la eólica, solar y geotérmica, así como en hidrógeno, por lo cual, el proceso de transición debe responder a ese contexto propio”.

¿Qué propone el documento?

Hasta ahora, el país ha avanzado en la integración de energías renovables en su sistema eléctrico, la implementación de nuevas tecnologías, el desarrollo de un marco fiscal y regulatorio atractivo para la inversión, la incorporación de transporte híbrido y eléctrico, la ejecución de un marco normativo y regulatorio para el abastecimiento de gas combustible y combustibles líquidos y de nuevos lineamientos técnicos para la legalización y formalización de las actividades de extracción. Sin embargo, los avances se han visto frenados pues aún persisten dificultades o ineficiencias en el uso de la energía y diversificación de la matriz energética, lentitud en el ascenso tecnológico en el transporte, una gran dependencia de las exportaciones provenientes de actividades mineras.

Tomando en cuenta que 70 % de la capacidad energética de Colombia proviene de la generación hidroeléctrica, la idea es transitar una ruta alternativa cuyos ojos deben posarse en “la digitalización, la reconversión tecnológica, el diálogo social para involucrar y proteger a las comunidades, el reemplazo de ingresos y la reconversión laboral.”

El ejecutivo apuesta a igualar o superar los costos relacionados con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales, por ejemplo, con el uso del hidrógeno para generar electricidad (en la última semana de marzo, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, se reunió -en el marco del Diálogo de Transición Energética de Berlín 2022- con Joachim Goldbeck, presidente de Goldbeck Solar, interesada en invertir en proyectos de hidrógeno verde). Esto depende de la disminución de la incertidumbre tecnológica, así como de la capacitación del capital humano y la digitalización, aparte de la diversificación de las exportaciones de petróleo y carbón.

Una de las principales preocupaciones en esta ruta es la reconversión productiva mediante la implementación de estrategias “que le permitan a las familias y regiones empleadas en actividades económicas con vocación extractiva, encontrar nuevas alternativas laborales soportadas, entre otros, por programas de educación y capacitación alineados con las nuevas tecnologías”. Esto también pasa por diseñar una nueva política industrial y priorizar el uso del hidrógeno “como combustible de la transición”. La diversificación también se basará en fomentar sinergias entre la explotación del hidrógeno y del GNL para el transporte de carga y de otras áreas además de ampliar el uso de este en los hogares con la intención de reducir el uso de leña en estos y modernizar el mercado de gas local.

¿Cuáles son los objetivos?

Aunque el Documento Conpes 4075 califica como “agresivo” este escenario de cambio, estima lograr la reducción de 83 %  de las emisiones de GEI respecto a la línea base de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, que las plantas térmicas sean 10 % del parque de generación de electricidad, que los hidrocarburos tengan una participación en la matria energética de 55,6 % y el carbón y leña una participación de 5 % y 2 %, respectivamente.

Conpes resalta que todos los esfuerzos en transformar la matriz energética deben apoyarse también en un marco fiscal beneficioso y buenos lineamientos de política pública, de manera que, para 2023 “el país cuente con una capacidad de generación renovable con FNCER cercana a 17,5 % para contar con un total de 72,9 % de la matriz con energías limpias.”

En este proyecto, el DNP debe consolidar y divulgar la información de lo propuesto así como crear un plan de acción que identifique buenas prácticas para el uso eficiente de las energías, actualizar el plan de modernización de la flota fluvial e implementar estrategias de movilidad cero y bajas emisiones.

El Ministerio de Minas y Energía debe, entre otras cosas, elaborar lineamientos técnicos para los proyectos de explotación geotérmica, promover actividades de electrificación y autogeneración, identificar las oportunidades del uso del biogás y del almacenamiento de CO2 y sus usos, actualizar el marco regulatorio y técnico para el mercado del hidrógeno y emitir un reglamento técnico para implementar la obligatoriedad de auditorías energéticas en el sector industrial.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación debe formular e implementar convocatorias para programas de innovación, investigación y desarrollo de conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector energético y el transporte sostenible. 

La tarea del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es “establecer una estrategia de atracción de inversión extranjera en segmentos específicos de la cadena de valor global de transporte sostenible” y crear junto con Colombia Productiva programas de crecimiento empresarial orientados al transporte y logística sostenibles.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe especificar los estándares mínimos ambientales y de eficiencia en inmuebles que puedan integrar distritos térmicos, definir la regulación de los sistemas de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y generar normativas para la reutilización, recuperación y aprovechamiento de las partes y materiales de las baterías de vehículos eléctricos.

El Ministerio de Transporte debe estructurar un fondo para la financiación o compra de flotas cero y baja emisión, estudiar la viabilidad de la conversión técnica de vehículos de combustión interna a tecnología eléctrica y determinar los segmentos de transporte donde pueda imponerse el uso de hidrógeno.

Finalmente, los ministerios de Trabajo y Defensa Nacional tienen, entre otros, el compromiso de identificar brechas de capital humano en todas las áreas donde sea necesario e implementar programas de transición laboral así como definir las reglas para la asignación de áreas marítimas para el desarrollo del primer proyecto de energía eólica costa afuera.