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El mercado colombiano creó las oportunidades favorables para que Brigard Urrutia se convirtiera en la compañía perfecta sus para clientes


Brigard Urrutia es una firma de abogados que brinda asesoría legal y asistencia en todas las áreas del derecho de los negocios y representación en una amplia gama de asuntos, incluyendo asesoría transaccional, no transaccional, litigios y resolución de disputas. Gozan de amplia experiencia y reconocimiento internacional, por lo que quisimos conversar con Claudia Navarro, miembro del equipo de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Conversamos sobre el marco jurídico y situacional que llevó a Brigard Urrutia a convertirse en la compañía perfecta para sus clientes actuales y clientes potenciales que buscan expandir sus negocios en Colombia.

  1. Brigard Urrutia es una prestigiosa firma de abogados, reconocida internacionalmente, ¿qué los llevó a poner su atención sobre el mercado de los proyectos de energías renovables?

Con la Constitución Política de Colombia del año 1991, se inició un proceso de privatización del sector de servicios públicos, entre ellos el sector de energía, pues hasta ese momento los únicos proveedores de estos servicios eran empresas de carácter público. En ese mismo momento en el sector eléctrico colombiano se presentaba una situación anómala e incierta por excepcionales condiciones hidrológicas y una gran falta de capacidad instalada de generación con fuentes alternativas (i.e. plantas termoeléctricas).

No es desconocido que para el año 1992 la principal fuente de generación de energía en Colombia era hidráulica, con un porcentaje de aproximadamente 78%, frente a un 21% de generación térmica. En este orden de ideas, el abastecimiento de energía tenía una gran dependencia de la energía embalsada, por lo que los fenómenos climatológicos como La Niña tuvieron un gran impacto en la generación hidráulica, y fue necesario recurrir a la generación térmica, pero deficiencias en su mantenimiento, sabotaje y falta de combustible, llevó a un déficit en la generación nacional de energía eléctrica y, por ende, a un racionamiento de energía por un año.

En este contexto, se expidieron las Leyes 142 y 143 las cuales vinieron a materializar el mandato constitucional de abrir el sector de servicios públicos, concretamente el sector de energía a la inversión privada, generando los incentivos apropiados para que incursionar en este sector resultara atractivo para el sector privado. Como consecuencia, el sector de energía tuvo un gran movimiento no solo por la venta de muchas de las empresas propiedad del sector público, sino por la incursión de nuevos agentes en las diferentes actividades de la cadena de energía y, muy concretamente, en la actividad de generación.

Sin embargo, esta dinámica se vio ralentizada, pues el sector se centró en la ejecución de los grandes proyectos de generación tanto hidráulica como térmica, junto con la infraestructura de transmisión requerida para su incorporación al sistema eléctrico.

En el año 2014, el Gobierno Nacional dio prioridad al cumplimiento de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de CO2, y centró su foco en que para cumplir con estos compromisos se debería incentivar la incorporación a nuestra matriz energética de generación de energía con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (“FNCER”), para lo cual expidió la Ley 1715 que consagra el marco jurídico que va a permitir que los inversionistas empiecen a tener interés en desarrollar proyectos de generación, y desde este momento en Brigard & Urrutia empezamos identificar un gran interés de organizaciones ya establecidas en Colombia y de empresas extranjeras sin presencia en Colombia por conocer este nuevo marco jurídico y sus posibilidades de desarrollo en el país.

Por lo anterior, el conocimiento y actividad de más de dos décadas en el mercado de energía, nos permitió identificar el movimiento que estaba teniendo la regulación para la implementación de proyectos de generación con FNCER y anticiparnos a implementar una práctica totalmente especializada para acompañar a nuestros clientes actuales y potenciales en su expansión o incursión en este mercado, la cual denominamos de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

  1. ¿Cuál consideran que ha sido el aporte más importante de su empresa hacia las energías renovables? 

Los profesionales de la firma estamos comprometidos desde hace más de 20 años con el sector de energía en general y con el mercado de energías renovables en concreto, pues hemos acompañado a nuestros clientes desde el inicio de la privatización del sector que se dio desde el año 1991 y frente a este nuevo marco normativo contamos con toda la experiencia que va a permitir asesorar en forma adecuada a los inversionistas que decidan participar en este mercado, pues para una debida asesoría se debe contar no solo con el conocimiento puntual de la regulación de la generación con FNCER expedida por el Gobierno Nacional desde el año 2014, sino que se debe prestar una asesoría integral de todo el marco regulatorio del sector energía en general que se ha expedido desde el año 1994, pues sin lugar a dudas, estos proyectos no van a estar aislados del Sistema Energético Nacional. 

En este sentido, consideramos que nuestro gran aporte a las energías renovables es justamente poder asesorar a nuestros clientes en forma integral para que la toma de la decisión de invertir o no en este sector, sea lo suficientemente informada y poder acompañarlos en la ejecución de sus proyectos considerando todas las variables que los mismos requieren.

  1. ¿Cuál creen que es el principal elemento diferenciador por el cual las empresas del sector confían en Brigard Urrutia para la representación de sus negocios en Colombia? 

Consideramos que el principal factor diferenciador de la firma en la asesoría de proyectos de generación con FNCER es haber identificado con la suficiente anticipación el movimiento que se estaba gestando en el mercado de energía, lo que nos permitió estructura una práctica altamente especializada y con los profesionales de mayor trayectoria en cada una de las áreas que la conforman. En efecto, esta práctica cuenta con profesionales altamente cualificados en regulación sectorial de energía, impuestos, ambiental, real state, Project finance, entre otras, enfocados en proyectos de generación con FNCER, por lo que el cliente sabe que cuenta con una asesoría integral con una sola firma, lo que garantiza el proyecto de que se trate está siendo analizado en forma integral, sin tener que buscar asesores en otras áreas.

  1. En Colombia se habla de la “Recuperación Económica Verde”, ¿qué opinión les merece esta tendencia y cuáles son las perspectivas reales al respecto?

La recuperación económica verde puede ser definida como la estrategia de recuperación económica que, en palabras del Fondo Monetario Internacional, adopta un modelo holístico de recuperación basado en la innovación y la aplicación de mandatos de política económica ambiental y socialmente responsable (economía circular, carbono-neutralidad, negocios verdes, entre otros). En el decir de Kristalina Giorgeva, el mandato de la recuperación verde se centra en la construcción de un nuevo modelo económico “más verde, más inteligente y más justo”.

El “reverdecimiento” de la economía considera la necesidad de expedir política pública que promueva el bienestar de la salud y los ecosistemas mediante el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la mejora de la calidad del aire, las infraestructuras resilientes, las energías renovables, la circularidad del modelo económico, y la carbono-neutralidad. Una economía más inteligente, a su turno, implica la necesidad de promover instrumentos de recuperación económica que privilegien el uso de las tecnologías para avanzar en la muy necesaria transformación digital.

Finalmente, el modelo de recuperación verde considera la necesidad de que la dinámica de inequidad social sea efectivamente superada. En el centro de la discusión sobre la equidad, se sitúa la necesidad de que el modelo permita construir una sociedad más justa, con economías que inviertan en el bienestar de sus poblaciones y en la protección de sus ecosistemas, incluyendo las consideraciones relativas a la diversidad, la no discriminación, la promoción de la resiliencia climática y el acceso justo y equitativo a los recursos naturales renovables.

Colombia tiene una oportunidad de oro para transitar el camino de la recuperación verde, privilegiando la carbono-neutralidad, la circularidad del modelo económico y la promoción de negocios verdes. Construir un nuevo modelo económico que promueva la protección del capital natural, al tiempo que nos permita transitar hacia una sociedad más equitativa, diversa y climáticamente responsable, nos permitirá capitalizar grandes oportunidades y construir un nuevo futuro para todos, enmarcado en el nuevo capitalismo de los stakeholders propuesto por Klaus Schwab.

  1. Desde su perspectiva, ¿hay potencial en los negocios verdes? ¿Cómo pueden ayudar las empresas de energías renovables a la recuperación de los países en un escenario post pandemia? 

Como se dijo anteriormente, los negocios verdes o sostenibles son una herramienta fundamental para avanzar en la estructuración de un modelo económico más consciente, en el que el valor extraordinario se suma a las ganancias económicas. Colombia tiene un ecosistema de negocios verdes y sostenibles que se viene fortaleciendo día a día, particularmente de la mano de las actividades de la Cámara Verde de Comercio de Colombia y de las empresas que ya transitan el camino de la sostenibilidad. Según la Oficina de Negocios Verdes del Minambiente, en el 2019, en el país había 1.414 negocios de este tipo, los cuales ya habían generado 21.053 empleos.

En el contexto del n Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nació en 2014, las empresas de energías renovables tienen un papel muy importante para promover este tipo de iniciativas, y coadyuvar en la construcción de un modelo más verde, más inteligente y más justo, siendo negocios que se encuentran “conectados” con la sostenibilidad, y por ende, más cercanos con los postulados de la agenda 2030 de los ODS. Sin duda alguna, en el imperativo de la transición energética, la recuperación económica verde y las renovables están llamadas a jugar un papel fundamental.

  1. Desde su experiencia de tantos años en los procesos de asesoría a empresas transnacionales para ingresar al mercado colombiano de energías renovables, ¿cuáles consideran que son los principales retos que todavía enfrenta la industria?  

En primer lugar, es importante resaltar que una de las grandes virtudes de esta industria es su seguridad jurídica. Ningún inversionista se va a ver abocado a cambios drásticos, pues el regulador en Colombia tiene la obligación de dar amplio debate a las propuestas normativas, pues deben ser consultadas por la industria, lo que ha permitido que el esquema vigente se haya construido tanto por el Gobierno Nacional como por la industria.

No obstante lo anterior, los principales retos que debe afrontar esta industria están asociados con normas que regulan la expedición de licencias ambientales y las consultas previas, pues la obtención de estas licencias previo el cumplimiento de las consultas previas con minorías indígenas o afrodescendientes, muchas veces se dilatan en el tiempo. Este es un procedimiento mediante el cual se garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas, la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando sean susceptibles de afectarlas de manera directa y específica en su calidad de tales; buscando  identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas, así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional. 

En la medida en que la obtención de la Licencia Ambiental se dilate en el tiempo, el proyecto se puede ver afectado por retrasos que impactan el cumplimiento frente al mercado de energía y/o sus financiadores, principalmente.

 

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