El gobierno español concretó esta semana la propuesta ante la Comisión Europea de la “excepción ibérica” junto con Portugal, mediante la cual se fijó el precio máximo de la electricidad en el mercado mayorista en 50 euros/MWh por un año. Esto se reflejará directamente en la factura eléctrica de los consumidores secundarios, quienes verán una baja de cerca de 50 % en sus recibos; sin embargo, esta medida, desde que se propuso, ha generado una serie de críticas e incertidumbre.

Por ejemplo, cuando se dio a conocer el plan de España y Portugal en 2021, los bancos Santander, BBVA, Ibercaja, Kutxabank, BNP Paribas y Caixa Geral, junto con el resto de los socios del mercado mayorista eléctrico español (Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, entre otros), dijeron como un frente unido que intervenir los precios en este mercado lo fracturaría. A este rechazo se sumó el gobierno de Países Bajos, que mostró desagrado ante la posibilidad de que España y Portugal separaran su pool eléctrico del resto de la Unión Europea.

La puesta en práctica de esta petición (finalmente aprobada el 26 de abril) provocará, de acuerdo con S&P Rating, una distorsión de precios, inseguridad jurídica, en las inversiones requeridas y en la asignación de capital, necesarias para cumplir las metas del Plan Nacional de Energía y Clima español de acuerdo con un informe que hicieron público en octubre de 2021. 

La calificadora de riesgo dijo que la imposición de esta excepción obligaría a las empresas del pool eléctrico a recortar sus beneficios en una media de 3.200 millones de euros, entregando las ganancias extraordinarias que obtuvieron por las subidas en el precio del gas. Otra de las críticas a esta medida señalaba que la adopción de la excepción ibérica le daría ventajas competitivas a ambas naciones por encima de Francia.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo en la Junta General de Accionistas de la empresa de esta semana, que la excepción ibérica debería atacar el problema de raíz (los elevados costes del gas) y no ser una medida local basada en la intervención del mercado, que, dicho sea de paso, podría suponer una pérdida de 6.000 millones de euros que tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda.

Los problemas fiscales también se harán presentes, de acuerdo con los expertos, pues es lógico pensar que Francia podría verse tentada a importar energía eléctrica desde la Península Ibérica en vista de que ahora es más barata en esta zona, con lo que los franceses se beneficiarían por una medida diseñada para españoles y portugueses.