La Cámara de Diputados de México rechazó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), con 223 votos en contra y 275 votos (además de 0 abstenciones) con lo que, al fallar en obtener la mayoría calificada (al menos 336 votos a favor), la propuesta que reformaría la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, quedó desechada definitivamente. 

La sesión parlamentaria fue, según expusieron medios mexicanos, algo accidentada; sin embargo, a lo largo de esta diputados de diversos grupos presentaron sus argumentos a favor y en contra del dictamen que cambiaría los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política que, de ser modificados, afectarían el control del sistema eléctrico del país y la inversión privada, además de interferir con los acuerdos del T-MEC (firmado entre México, Estados Unidos y Canadá), al priorizar el abasto energético a empresas públicas, lo que podía generar litigios contra México.

Entre los escollos en la votación, una diputada de Morena (partido oficialista) solicitó que una diputada de PAN no votara, por supuestos conflictos de intereses, no obstante, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no se encontraron conflictos de tipo alguno. Entretanto, otro diputado de PAN acusó a Morena de intentar comprar los votos de algunos legisladores de oposición mientras el oficialismo sostuvo a lo largo del encuentro que los votos en contra habían sido pagados por empresas privadas para “traicionar a la patria”.

La propuesta presentada por Amlo en octubre de 2021 difiere en varios puntos de la propuesta presentada en agosto de 2013 por Enrique Peña Nieto -EPN- (declarada constitucional en diciembre del mismo año), uno de los aspectos más resaltantes es que la reforma de Amlo reduciría las ventas de energía limpia de proyectos privados en manos extranjeras, mientras la de EPN se dedicó a atraer mayor inversión al sector energético nacional. Otro tema álgido fue que la reforma actual aumentaría la influencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacerla responsable exclusiva de la generación eléctrica, en cambio, la reforma de EPN permitió la competitividad en el mercado y control del Sistema Eléctrico Nacional mediante el ejercicio, de manera exclusiva, de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional por la nación.

El plan de Morena también pretendía derogar la reforma de 2013 haciendo dependiente al Centro Nacional de Control Energía de la CFE y hacer autosuficientes a las plantas estatales de generación eléctrica. De haber sido aprobada, la reforma hubiese creado un monopolio estatal, poniendo en manos de la CFE 46 % de la generación eléctrica nacional, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), lo que le hubiese costado cerca de 60 mil millones de pesos anuales a las familias mexicanas según esta. Otra de las críticas fue que la reforma rompería con los tratados comerciales firmados con anterioridad e interrumpiría los trabajos hechos para cumplir con la agenda 2030 de desarrollo sostenible, según la Comisión Jurídica en materia de Derecho Ambiental de Concamin.

Por lo pronto, el Primer Mandatario mexicano comentó que, de no aprobarse su reforma (ideada para, en sus palabras, recuperar el control de la industria eléctrica a fin de tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precio justo) impulsaría otra ante el Congreso de la Unión: cambios en la minería de litio que, a su juicio, debe ser propiedad absoluta del Estado.

Cambios a la Ley Minera

Una vez concluida la discusión sobre la reforma eléctrica en México, acaba de iniciar un nuevo proceso de cambio, esta vez centrado en la enmienda a la Ley Minera, donde se buscará garantizar la explotación y uso exclusivo del litio por el Estado, con el fin de “proteger el litio (...) un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la Nación”, dijo Amlo. Ya que esta es una reforma legal y no constitucional, solo necesita de mayoría simple en el Congreso de la Unión para ser aprobada, lo cual ya es un hecho, de acuerdo con el Primer Mandatario.

Aún no se conocen las propuestas específicas de esta modificación, que ya fue presentada a la Cámara de Diputados por Ignacio Mier, coordinador de Morena; aunque se sabe que establece la prohibición de entregar nuevas concesiones para su explotación. Amlo pidió que la reforma sea aprobada a más tardar el martes 19. 

En vista de que el litio ha aumentado hasta 10 veces su precio en el mercado internacional en los últimos 10 años, debido a su preponderancia en la transición energética global, es un mineral estratégico para las naciones, por eso Amlo propone que se empiece cuantos antes “a estructurar la empresa como la CFE que va a manejar lo relacionado con el litio con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y la experiencia de otros países”.