Galicia cerrará 2026 con 166 MW de nueva potencia eólica instalada, de los que 118 MW corresponderán a proyectos de repotenciación, mientras que la previsión para 2027 se limita a 83 MW, según la Asociación Eólica de Galicia (EGA). La organización advierte de la pérdida de peso de la comunidad autónoma en el desarrollo eólico español y reclama a las administraciones públicas mayor agilidad en la tramitación de proyectos y la resolución de los recursos judiciales que mantienen paralizada parte de la capacidad prevista.

De acuerdo con los datos de la asociación, España incrementó su potencia eólica un 72 % en los últimos quince años, frente al 20 % registrado en Galicia. EGA señala que, si la comunidad hubiera mantenido el peso que representaba en el conjunto nacional en 2009, dispondría actualmente de unos 1.700 MW adicionales a los aproximadamente 4.000 MW instalados. Esto situaría su capacidad eólica cerca de los 7.000 MW. La entidad considera que esta evolución supone una pérdida de oportunidades ambientales y económicas vinculadas al desarrollo de una fuente de generación renovable.

La situación también está condicionada por los procedimientos judiciales que afectan a nuevos proyectos. Actualmente, 93 proyectos eólicos se encuentran recurridos y están afectados por 244 recursos judiciales, lo que representa cerca de 2.500 MW de potencia bloqueada, según EGA. Para 2027, la asociación prevé la construcción de 83 MW, de los cuales 71 MW corresponderían a repotenciaciones, mientras que 83 parques con una potencia conjunta de 2.363 MW continuarían suspendidos.

La asociación también alerta del impacto que este contexto puede tener sobre la industria eólica gallega. La comunidad cuenta con 55 instalaciones industriales vinculadas al sector, aproximadamente una quinta parte del total existente en España. Según EGA, las dificultades para desarrollar nuevos proyectos están aumentando la necesidad de que esta cadena industrial busque oportunidades comerciales en otros mercados, especialmente en el extranjero, y advierte del riesgo de deslocalización del tejido industrial renovable en un contexto de expansión de las energías limpias en Europa.

En este escenario, EGA reclama a las administraciones públicas proporcionalidad en los criterios ambientales y medidas para proteger la cadena industrial. Asimismo, pide aplicar el principio de interés público superior y acelerar el despliegue de las energías renovables, en línea con la directiva europea de 2023, además de agilizar la resolución de los recursos judiciales que afectan a los parques eólicos. La organización considera que la distancia entre los objetivos de desarrollo renovable y la capacidad que finalmente se instala supone también una pérdida de oportunidades para el desarrollo del medio rural.