El sector eólico español ha valorado positivamente la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026 por parte del Parlamento, al considerar que refuerza la seguridad jurídica de las inversiones, impulsa la repotenciación de parques y acelera la electrificación en un contexto de incertidumbre energética. Así lo ha señalado la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en una reacción publicada el 27 de marzo.

La patronal subraya que el respaldo parlamentario y el consenso político alcanzado suponen una señal relevante en un momento complejo, en el que, según el sector, es clave avanzar en medidas que fortalezcan la competitividad económica, la estabilidad del sistema eléctrico y la autonomía energética de España.

Más seguridad jurídica para las inversiones

Uno de los aspectos más destacados del RDL 7/26, según la AEE, es el refuerzo de la seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos eólicos. La asociación explica que hasta ahora existían situaciones en las que iniciativas podían quedar paralizadas por recursos administrativos o judiciales, en ocasiones sin base sólida, que dilataban los plazos hasta provocar el incumplimiento de hitos regulatorios.

Con la nueva normativa, durante el tiempo en que se apliquen medidas cautelares, se suspende el cómputo de esos plazos, lo que evita que los proyectos sean anulados automáticamente por retrasos derivados de estos procesos.

Impulso a la repotenciación de parques

El texto también introduce medidas para favorecer la repotenciación de instalaciones existentes, que pasan a ser consideradas “Proyectos Energéticos Preferentes”, lo que les otorga prioridad en la tramitación administrativa.

Además, se establece un enfoque de evaluación ambiental diferencial, que analiza únicamente los impactos adicionales respecto a la instalación ya operativa y no sobre el estado original del terreno. La AEE destaca que la repotenciación permite generar más energía con la misma potencia instalada, mejorar la estabilidad del sistema y aportar beneficios económicos y ambientales.

No obstante, el sector reclama avanzar hacia criterios ambientales homogéneos entre comunidades autónomas y Administración central para facilitar estos procesos.

Medidas fiscales y electrificación

La AEE también valora la reducción de la carga fiscal sobre la electricidad incluida en el RDL, al considerarla necesaria para proteger a los consumidores ante el impacto del precio del gas en el mercado eléctrico.

En este sentido, el sector aboga por consolidar estas rebajas de forma permanente, especialmente mediante la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), como vía para impulsar la electrificación y reducir la dependencia energética exterior.

El decreto contempla la creación de Zonas de Aceleración Renovables (ZAR), con el objetivo de agilizar el desarrollo de proyectos y reducir su impacto ambiental. La AEE advierte de que el éxito de esta medida dependerá de su rápida definición y del consenso técnico, para evitar retrasos administrativos.

Asimismo, recuerda que España debe avanzar simultáneamente en la construcción de proyectos que ya cuentan con permisos, dada la urgencia de aumentar la capacidad eólica en el actual contexto geopolítico.

Nuevos criterios sociales y reparto de beneficios

El RDL 7/26 también introduce un Estándar de Excelencia Social y Territorial, de carácter voluntario y aplicable a partir de 2029-2030, que permitirá priorizar proyectos con mayor impacto positivo en los territorios.

Por otro lado, establece la obligación de compartir beneficios con los ayuntamientos en determinadas instalaciones conectadas a la red de transporte. Sobre este punto, la AEE considera necesario un análisis detallado para equilibrar las aportaciones locales con la viabilidad económica de los proyectos, teniendo en cuenta la elevada presión fiscal existente.

La valoración positiva del RDL 7/26 contrasta con la reacción previa del sector ante la no convalidación del RDL 7/25, que, según la AEE, contenía medidas estructurales favorables a la competitividad.

En este contexto, el sector eólico insiste en la necesidad de seguir avanzando en un marco regulatorio estable que permita aprovechar su papel como tecnología autóctona, competitiva y clave para la reindustrialización y la seguridad energética de España.