En la madrugada de este 3 de marzo, el Senado Mexicano aprobó con 68 votos a favor y 58 en contra, modificar varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta es una iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las plantas privadas, muchas de ellas renovables. 

Esta es una propuesta que generó todo tipo de debates y controversias en los distintos partidos políticos, especialmente con las modificaciones a la ley que ha quedado reflejada en una votación muy dividida: Morena y el Partido del Trabajo, con la excepción de dos senadores, a favor; PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, en contra. 

El principal argumento de sus defensores es el objetivo de “rescatar” a la CFE y lograr tarifas de luz más bajas. En discursos empapados de nacionalismo y abundantes acusaciones de corrupción al Gobierno anterior y a las empresas del sector. 

La oposición ha advertido de que el cambio legal, que considera inconstitucional, frenará la inversión privada en energías renovables y encarecerá la generación. “Lo que plantea es un panorama de mayor costo de la energía, de incumplimiento a tratados internacionales”, ha apuntado el senador Julen Rementería, de Acción Nacional. “Seguramente será combatida en tribunales y perderá. En la práctica, se van a ir fuera los principales competidores [de la CFE]”.

El marco legal anterior, producto de la liberalización del sector que impulsó Peña Nieto, estableció el principio del despacho económico, por el que las centrales más baratas, generalmente las plantas renovables en manos de privados, eran las primeras en subir la electricidad a la red. La nueva ley acaba con ese orden de preferencia basado en los costos de generación y da la prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. 

El futuro del nuevo marco energético, aun después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición ya amenazan con presentar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advirtió hace dos semanas de que la reforma viola el principio de libre competencia en la Constitución y recomendó al Congreso no aprobar.