La electrificación se ha situado en el centro del debate energético europeo durante WindEurope 2026, que este año se celebra en Madrid. El sector ha lanzado un mensaje claro: Europa debe sustituir las importaciones de combustibles fósiles por electricidad de producción nacional para reforzar su seguridad energética y recuperar su atractivo inversor.

Según el sector eólico europeo, la actual crisis geopolítica, marcada por tensiones en Oriente Medio, vuelve a evidenciar la dependencia estructural de la Unión Europea, que importa el 64% de la energía que consume. En este contexto, defienden que la electrificación basada en energía renovable es “el único plan de seguridad energética a prueba de futuro”.

A pesar de los avances desde la invasión de Ucrania en 2022, el ritmo sigue siendo insuficiente. La tasa de electrificación de la UE permanece estancada en menos del 25% del consumo final de energía, lo que refleja la necesidad de acelerar el despliegue.

En este escenario, WindEurope ha presentado el denominado “Madrid Call to Action”, un conjunto de diez medidas para reactivar la electrificación en Europa, estructuradas en tres pilares clave:

Impulsar el suministro eléctrico

• Agilizar los permisos, reconociendo la eólica como proyectos de Interés Público Superior
• Optimizar el diseño y calendario de las subastas
• Repotenciar parques existentes para aumentar la producción con menor impacto

Conectar oferta y demanda

• Reforzar la fabricación de infraestructuras eléctricas
• Multiplicar la inversión en redes y movilizar financiación privada

Activar la demanda

• Incentivar tecnologías electrificadas como bombas de calor y vehículos eléctricos
• Impulsar la electrificación industrial
• Reducir la fiscalidad de la electricidad
• Simplificar mecanismos como los acuerdos de compra de energía (PPA)

El sector insiste en que la tecnología necesaria ya está disponible, pero reclama liderazgo político para acelerar su implementación. Entre las medidas planteadas, también destacan la electrificación de procesos industriales —con hasta 930 TWh de calor ya electrificables— y la reducción de cargas fiscales sobre la electricidad, que actualmente representan una parte significativa del coste final.

“La seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica”

En este mismo evento, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, subrayó que Europa se enfrenta a un contexto geopolítico complejo, marcado por tensiones internacionales, incertidumbre en los mercados y creciente competencia industrial.

“La seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa. Y en esa ecuación, la energía eólica juega un papel esencial”, afirmó durante su intervención.

Sicre incidió en la necesidad de acelerar el despliegue renovable en Europa, señalando como principal obstáculo la tramitación administrativa de nuevos proyectos. “Los procesos administrativos deben ser más ágiles, más predecibles y mejor coordinados. No se trata de reducir garantías, sino de mejorar la eficiencia del sistema”, explicó.

En clave industrial, destacó la fortaleza de la cadena de valor europea, poniendo a España como ejemplo: “Somos uno de los pocos países que cuenta con el 100% de la cadena de valor eólica: desde el diseño y la fabricación, hasta la operación y el mantenimiento”.

España, lejos del ritmo necesario

En el caso español, el despliegue eólico continúa por debajo de los objetivos. Actualmente, la instalación anual ronda 1 GW, lejos de los cerca de 4 GW necesarios. Sin embargo, el sector cuenta con una amplia cartera de proyectos en desarrollo.

Más de 10 GW ya disponen de Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y podrían entrar en operación antes de 2029. Las regiones con mayor volumen son Galicia (3,4 GW), Aragón (2,4 GW) y Castilla y León (1,9 GW), seguidas de Andalucía, Cataluña y Asturias. Además, existen otros 9,2 GW con evaluación ambiental favorable pendientes de autorización final.

Sicre advirtió que “no se está alcanzando el ritmo necesario” y reclamó coherencia regulatoria para cumplir los objetivos europeos, insistiendo en la necesidad de aplicar el principio de Interés Público Superior a los proyectos eólicos.

En conjunto, tanto el sector europeo como los actores nacionales coinciden en el diagnóstico: electrificar la economía y acelerar el despliegue renovable será clave para reducir la dependencia energética, estabilizar los precios y reforzar la competitividad industrial de Europa.