A través de una declaración oficial, la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2) ha advertido que la paralización judicial de varios proyectos eólicos en Galicia, previamente aprobados por la Administración, genera inseguridad jurídica y frena el desarrollo del hidrógeno verde en Galicia.

"De mantener este ritmo, España no conseguiría cumplir con los objetivos de descarbonización comprometidos en el marco de la Agenda 2030, que fija la reducción de emisiones contaminantes un 50% en 2030 y la neutralidad energética en 2050", asegura el presidente de la AGH2, José Ramón Ferreiro.

El portavoz de la Asociación afirma que el sector observa con preocupación la judicialización de proyectos económicos e industriales cruciales para el crecimiento sostenible de la comunidad, "que se postula como referente en materia de energías renovables en todas sus dimensiones, incluyendo su comunión con el entorno social y ambiental".

De acuerdo con la declaración oficial, uno de los principales objetivos de la Asociación Gallega del Hidrógeno es situar a Galicia como líder potencial en producción de hidrógeno verde, para lo que demanda un marco normativo estable que garantice la viabilidad de los diferentes proyectos de la cadena de valor.

En este sentido, Ferreiro recuerda que, para la producción de hidrógeno verde, el que se produce a partir de fuentes energéticas renovables, es indispensable aumentar la producción de energías limpias, pues de lo contrario "Galicia se quedará al margen en el proceso de la Transición Energética Justa, perdiendo la oportunidad de liderar el cambio hacia un modelo económico más sostenible y respetuoso con el medioambiente".

El presidente de la entidad agregó que, para alcanzar en 2030 las 100.000 t de hidrógeno producido en Galicia, tal y como se plantea el Gobierno gallego, se requeriría una producción de energía eólica de 5,7 TWh, lo que supondría aumentar "considerablemente el parque de las renovables, pues con la actual producción de eólica (9,7 TWh en 2022) no sería suficiente".

Finalmente, la Asociación recalcó que Galicia "debe contar con una política energética estable y coherente con sus capacidades y oportunidades de desarrollo. Pues sólo así se atraerá inversiones seguras que no comprometan el futuro de las siguientes generaciones".