El análisis de la firma internacional Watson Farley & Williams explica que el marco legislativo de movilidad eléctrica de España se ha actualizado y desarrollado a medida que el gobierno español intensifica su promoción de la descarbonización del sector del transporte para garantizar la transición energética del país entre 2030 y 2050.
Dentro de la estrategia del gobierno se precisa la implementación y despliegue de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) en todo el país. También se hace énfasis en aumentar la cantidad disponible para dar prioridad a los EV e impulsar su venta. Para ello, se han aprobado importantes actos legislativos que obligan a construir infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y que desarrollan y aclaran el marco legal aplicable.
Además, se ha aprobado legislación para asignar los recursos financieros otorgados bajo el fondo Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTRP). Una de las iniciativas emblemáticas de este plan se denomina “Recarga y reposta”, que estará impulsada por el despliegue de infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
El primer Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica aprobado en el marco del RTRP fue para el Sector de Vehículos Eléctricos (PERTE VEC) y marcó un modelo de colaboración entre estos diferentes sectores para hacer más accesible la fabricación y desarrollo de vehículos eléctricos en España con métodos sostenibles.
El objetivo de PERTE VEC es, para 2023, haber desplegado entre 80.000 y 110.000 unidades de infraestructura de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional.
Comentarios
Sé el primero en comentar...