El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ahora será remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. La norma, que busca establecer un marco legal sólido para modernizar el transporte en España y avanzar hacia una movilidad más limpia, segura y conectada, ha salido adelante con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones, según informó el Congreso de los Diputados.

De acuerdo con el Congreso, el proyecto de ley tiene como objetivo “establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas, así como las entidades públicas o privadas puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire”.

Según el artículo 1.2 del texto aprobado, la iniciativa pretende “establecer los principios generales que permitan el desarrollo de un sistema integrado de movilidad seguro, sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado, a un coste razonable”; además de facilitar un sistema multimodal de mercancías y logística “eficiente, sostenible y resiliente”. También busca dotar a las administraciones públicas de instrumentos necesarios para implantar y desarrollar el sistema integrado de movilidad y fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y transparencia en las políticas públicas de infraestructuras, transporte y movilidad.

La norma se articula en un Título Preliminar, ocho Títulos adicionales y un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. En el Título I se define el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, el Foro Administrativo y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible. El Título II recoge un Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible, sus directrices generales y el sistema de indicadores, además del Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad.
El Título III regula los servicios de transporte por carretera y ferrocarril; el Título IV, la contribución financiera del Estado; el Título V, los proyectos piloto en movilidad; el Título VI, el transporte de mercancías; el Título VII, las políticas públicas de movilidad; y el Título VIII, el régimen sancionador.

El contexto: una norma clave para la movilidad del siglo XXI

Según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la nueva Ley constituirá el marco normativo que permitirá que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI.

La Ley de Movilidad Sostenible conforma un marco legal que busca dar seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad, y servirá como base para avanzar hacia un sistema más seguro, limpio y conectado. Además, se trata de una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos NextGenerationEU, que suman cerca de 10.000 millones de euros, según el Ministerio.

El nuevo marco regulatorio se sustenta en cuatro pilares fundamentales. El primero es el reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, garantizando que sea accesible e inclusiva. En este sentido, la norma consolida el sistema concesional de autobuses, asegurando que ningún ciudadano pierda oportunidades de viaje. Además, protege la financiación estatal al transporte urbano.

El segundo pilar reconoce una movilidad limpia y sana. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que la Ley establece la necesidad de avanzar hacia la neutralidad climática del sector e introduce mecanismos de descarbonización progresiva. También plantea la actualización de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, adaptándolas a la evolución tecnológica de los vehículos.

En tercer lugar, la norma impulsa un sistema digital e innovador mediante la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad, que permitirá disponer de información sistematizada para diseñar políticas públicas más sólidas y fomentar la cogobernanza entre administraciones.

El cuarto pilar apuesta por una inversión al servicio de la ciudadanía, mejorando la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, e incorporando análisis de rentabilidad socioambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Otras reformas incluidas en la Ley

La Ley establece la obligación de que las administraciones incentiven soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo, con el objetivo de avanzar “de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas”.

Asimismo, las empresas con más de 200 empleados por centro o 100 por turno deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo, fomentando opciones como la movilidad activa, eléctrica, compartida o colectiva, además de medidas como la flexibilización horaria o el teletrabajo.

Dado que la movilidad impacta en la calidad de vida de las personas, la norma también vincula el derecho a la movilidad con la elaboración de una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, dirigida a reducir las carencias del sistema tanto en infraestructuras como en servicios.

En línea con los compromisos internacionales

La Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas comprometidas por España con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, dentro del Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Además, contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y de las estrategias europeas como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En definitiva, la Ley de Movilidad Sostenible constituye un instrumento jurídico esencial para modernizar el transporte en España, impulsar la descarbonización del sector y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que ascienden a cerca de 10.000 millones de euros.